El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer una serie de directrices para garantizar la transparencia, contratación y publicidad institucional de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad. Una medida que se integraba dentro del pacto de Gobierno entre PP y Cs y que también contemplaba la creación de una comisión paritaria para analizar las dieciséis fundaciones y empresas públicas que cuelgan de la Junta de Castilla y León, y que, como detalló el vicepresidente y portavoz, FranciscoIgea, terminará con la disolución solo de la Fundación Anclaje porque sus funciones pueden ser asumidas por la Junta. No obstante, en el resto de entidades se limitarán las retribuciones de los altos cargos para que no superen a las de los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales o asimilados de la Comunidad. En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el número dos de la Junta detalló que la eliminación de esta Fundación se abordará en el próximo periodo de sesiones de las Cortes, es decir, antes de que acabe este año, e insistió en que este acuerdo forma parte del compromiso de Gobierno.
Así, recordó que para lograr este fin se creó en la Comunidad una comisión paritaria formada por los dos partidos que sustentan el Gobierno y que concluyó que únicamente se puede prescindir de la Fundación Anclaje dentro del conjunto de empresas y fundaciones de la Comunidad. No obstante, Igea matizó que «no es lo mismo la situación que se ha dado aquí que en Andalucía», en relación a la existencia de 92 de estas entidades en la comunidad andaluza por las 16 de Castilla y León, si bien, preguntado sobre si el acuerdo cumple con los objetivos de Ciudadanos en campaña electoral, reconoció que «en este momento Ciudadanos no es el único miembro del Gobierno, ya lo será, pero hemos llegado a un acuerdo y se mejora sustancialmente la transparencia y la forma de contratar a los empleados y directivos» de estas entidades.
Unos organismos que, según le recordaron en la rueda de prensa, definió como ‘chiringuitos’ durante la campaña electoral, una calificación ante el que Igea apuntó que se les llame «cómo les parezca» pero matizando que «no se utiliza el mismo lenguaje» en campaña electoral y recordando que con el acuerdo «se cumple el compromiso del Gobierno» autonómico.
«Eso es lo importante», reiteró Igea, para quien «lo desastroso de las entidades públicas era la elusión del derecho administrativo, las contrataciones opacas o los sueldos diferentes», algo que ahora «se arregla» con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno. «Pero si lo importante es si lo llamamos chiringuitos o no, se lo concedo», sentenció.
Normas frente a cargos
También fue inquirido Igea por sus declaraciones en campaña en las que afirmaba que acabaría con «enchufismos y amiguismos» cuando muchos de los cargos y trabajadores de estas fundaciones y empresas públicas se mantendrán, a lo que Igea replicó no haber «prometido echar a nadie en la campaña». «Ponemos normas», afirmó Igea, para quien «los grandes cambios en política no consisten en quítate tú que me pongo yo, sino en poner normas”. “Lo otro es lo que hace el populismo de esta Comunidad y este país, principalmente de izquierdas», aseguró el vicepresidente de la Junta, manifestando además que no van «a echar a nadie que esté haciendo su trabajo» y que no tomarán tampoco «decisiones arbitrarias».
De hecho, recordó que cuando llegaron al Gobierno de la Junta no cambiaron «a la inmensa mayoría de los trabajadores públicos» porque desde Ciudadanos no creen «que sea la mejor manera de hacer política», frente a otras formaciones para las que es «una agencia de colocación para echar a unos y poner a los propios». «Nosotros no hemos propuesto nunca esto», reiteró el vicepresidente de la Junta, repitiendo que «la política consiste básicamente en poner normas y no en echar a los malos malísimos que había que echar». «Esa no es nuestra forma de hacer política», concluyó.