Cinco mil hosteleros de Castilla y León ya han tramitado su la solicitud para el paquete de ayudas directas para el sector de la Junta, dotada con 20 millones de euros (más otros 10 ampliables). Así lo puso de relieve ayer la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Castilla y León en funciones, María José Hernández, que avanzó que el 80 por ciento del sector pedirá esta ayuda directa convocada la semana pasada, aunque advirtió que el 20 por ciento de los hosteleros se ha visto obligados a cerrar la persiana al no recibir ningún tipo de ayuda «directa», una «sangría» que se ampliará al 50% al final de año si no se remedia esta situación. Por ello, a pesar de congratularse por la convocatoria de ayudas autonómicas, urgió ya una segunda fase a la Junta «para llegar a todos», frente a la política del Gobierno central, que «nos ha dado la espalda en ayudas y exenciones tributarias». «El día 30 tenemos la declaración trimestral. ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos sin ingresos?», dijo.
De hecho, añadió que el sector ha perdido más de 21.000 afiliados a la Seguridad Social desde marzo de 2020 en la Comunidad, uno de cada cinco de los que se contabilizan entonces, y advirtió de que al cierre definitivo del 20% de los establecimientos hasta ahora se sumará, si no hay medidas, otro 30 por ciento antes de final de año. Así de dramática dibujó la situación Hernández, quien participó en la presentación telemática de un balance del escenario en la actualidad, junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; y la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. Hernández arrancó su intervención lamentando la prórroga de las medidas sanitarias de la Junta que «machaca» a un sector que ha cumplido con «todos» los protocolos de seguridad.
El presidente de la patronal autonómica destacó que «está demostrado que el sector no ha tenido nada que ver con los contagios y su incidencia es bajísima». Si bien se mostró «plenamente consciente de un aumento preocupante», añadió que es una «realidad de que las restricciones están trayendo la ruina al sector si no se les da salida de alguna manera para que esta situación de cierre se palíe con ingresos». Al respecto, descartó que ese respaldo llegue de nuevo a través del ICO y otro tipo de préstamos, sino «a fondo perdido, en un proyecto que se debería mancomunar entre todas las administraciones».
Por ello, advirtió de la «desaparición de un sector estratégico» para la Comunidad, que «no puede aguantar esos cierres porque tienen que pagar sus alquileres, impuestos, créditos, gastos generales y seguros sociales, cuando tienen cero ingresos». En la misma línea se mostró Ángela de Miguel, quien definió la situación de «dramática». Así, exigió que estas medidas recaigan entre todos mediante ayudas directas.
Ahora, la mirada está puesta en el Ejecutivo central, que ofreció, entre otras, un apoyo al alquiler, del que solo se han aprovechado un dos por ciento del sector porque estaba dirigida a grandes tenedores. «Suspendemos la acción del Gobierno», concluyó Hernández.