Los altos cargos estarán obligados a publicar sus agendas

SPC
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La Junta endurece el Código Ético y tampoco podrán aceptar comidas ni regalos y se limita el uso de los coches oficiales

Los altos cargos estarán obligados a publicar sus agendas

Los altos cargos de la Administración de Castilla y León estarán obligados a hacer públicas sus agendas de trabajo, no podrán aceptar invitaciones de comidas o entradas a cualquier espectáculo, ni regalos o gratificaciones y se limita el uso de los coches oficiales en el marco del compromiso de transparencia y austeridad comprometido en el programa de Gobierno de coalición.

El nuevo Código Ético y de Austeridad, dado a conocer en el Consejo de Gobierno por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, se endurece para los altos cargos: miembros de la Junta, consejeros delegados o gerentes y asimilados de las empresas públicas.

Como novedad, Igea detalló la obligación de que todos los altos cargos hagan pública su agenda de actos o reuniones de trabajo, con expresa indicación de su objeto y en el marco de una plataforma de publicación. También se les prohíbe formar parte de mesas de contratación o comisiones de valoración de las solicitudes presentadas en los procedimientos de concesión de subvenciones.

Por otro lado, como criterio general, no podrán aceptar la invitación a comidas o entradas a espectáculos ya sean deportivos lúdicos o culturales, ni tampoco recibir regalos, que en el caso de ser de poca entidad quedarán en posesión de la Consejería. En este punto, puso como ejemplo que si se recibe un regalo de una ONG se recoge por cortesía pero se deja a disposición de su departamento.

Solo el presidente y los consejeros tendrán asignado un coche oficial de manera exclusiva, si bien los altos cargos que residan fuera podrán contar con vehículo oficial para desplazarse al lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible, además se apuesta por utilizar un transporte alternativo.

El Código Ético se envía ahora a las Cortes, como comunicación del Gobierno para su debate, como señala la ley de Transparencia, para ser definitivamente aprobado por la Junta.