La falta de presupuesto y las divergencias políticas, incluido un cambio de ubicación, lastraron  durante más de una década el proyecto del Campus de la Justicia. Pero desde noviembre de 2020 al Ministerio de Justicia se le acaban las excusas para no avanzar en la planificación y construcción de una infraestructura vital para la ciudad. De hecho, desde este departamento no han respondido oficialmente a la pregunta de El Día de Valladolid de por qué no han solicitado formalmente la cesión del inmueble al Ayuntamiento de Valladolid.

Una inactividad difícil de explicar y que a su vez deja en una situación complicada al Consistorio, gestionado por un compañero de filas de la ministra de Justicia. Desde hace años los grupos de la oposición cuestionan una y otra vez al equipo de Gobierno por los retrasos y piden cuentas por la falta de financiación en los Presupuestos Generales del Estado. 

Y todo esto a pesar de que cuando se formalizó la compra del antiguo colegio de El Salvador, asentado sobre una parcela de 5.165 metros cuadrados, a la  Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por 8,3 millones de euros,  2 de junio de 2021, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prometió trabajar «sin descanso» en su desarrollo.Pero es que antes, el 13 de noviembre de 2020, el equipo de Gobierno local había anunciado un acuerdo  con la Sareb para la cesión del uso del edifico. Se buscaba agilizar el proceso y que los técnicos del ministerio pudieran avanzar en la definición del  nuevo complejo.

Unas facilidades que no se están aprovechando desde el Gobierno, tal como reconoce el concejal de Planeamiento, Manuel Saravia. «El proyecto podía haberse iniciado hace ya mucho tiempo, ya que cabe recordar que en noviembre de 2020 se firmó un convenio de uso con Sareb para poder acceder libremente antes de la compra del inmueble. Pero no se aprovechó esa posibilidad». Y es que la Concejalía de Planeamiento ya ha concluido toda la tramitación urbanística para hacer viable el nuevo complejo, vital para acabar con la dispersión judicial en la capital. 

Valladolid tiene actualmente 39 juzgados, varias secciones en la Audiencia y diversas salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todo ello, repartido por siete sedes judiciales, lo que provoca que funcionarios, profesionales y ciudadanos tengan que peregrinar diariamente por un radio de cinco kilómetros. Esta dispersión no solo le resta funcionalidad a este servicio, sino que también cuesta bastante dinero a la administración central, ya que supone un desembolso anual de un millón de euros en el pago de alquileres de edificios para las distintas sedes judiciales.

A la espera. El Ayuntamiento ya tiene inscrita en el Registro Mercantil la propiedad del inmueble desde hace meses y dispuesta para ser entregada al Ministerio, según confirman fuentes municipales.Pero Justicia no lo ha solicitado, un trámite imprescindible, y eso imposibilita la cesión. ¿Por qué no se solicita la entrega? La respuesta a esta cuestión parece que no es sencilla, pero las mismas fuentes municipales explican que se puede deber, aunque desde Justicia no lo han confirmado por escrito, pero sí verbalmente, de que mientras no se puedan entregar las dos parcelas implicadas en la operación, no quieren que se empiece en una.

 Hasta este  momento, el equipo de Gobierno había cargado con el coste de este retraso. De hecho, en noviembre del año pasado el alcalde asumió la responsabilidad en el retraso del proyecto, pero recalcó que había «merecido la pena» porque serviría para que las sedes judiciales no salgan del centro de la ciudad. Ese día, al tiempo que avanzaba el final de la tramitación administrativa para la cesión, también anunció que este año el Gobierno licitaría el proyecto de construcción. Pero la realidad es que Justicia ni ha pedido la cesión del inmueble, ni ha licitado nada.

Una situación que llama la atención en el Consistorio. «Puede recordarse que se han entregado o se están entregando suelos a la Junta y el Estado en varios lugares, y en algunos casos con valor muy superior al de esta parcela. Nunca ningún partido de la oposición se ha opuesto a estas cesiones, algo previsto en la ley y habitual entre administraciones», detalla Saravia.

La Concejalía de Planeamiento ha concluido la tramitación urbanística vinculada a toda la operación de puesta a disposición de suelos, además del antiguo colegio, para levantar el Campus. La otra pata del proyecto es la parcela que ocupa parte del aparcamiento del antiguo hospital del Río Hortega, que se permutará con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), propietaria del suelo, con una parcela en el sector urbanístico de Zambrana.

Tramitación. En enero de este año, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a las dos propuestas que afectan directamente a esta parcela. Por un lado, se aprobó  inicialmente el proyecto de actuación de la unidad única del sector SE (o) 59-01 Nuevo Hospital – Zambrana (antiguo APE 63) y el convenio sobre el sistema de concierto para la gestión de la misma unidad de actuación. En este convenio se fijan todos los compromisos por parte de los propietarios, incluidos los costes de urbanización de la nueva zona residencial que se levantará junto al nuevo Río Hortega. 

Un punto en el que entra en juego la Tesorería General de la Seguridad Social. El suelo que recibirá en la permuta lo eligió la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la propia Tesorería el 11 de diciembre de 2019. De manera que lo que desde esa fecha queda pendiente es el trámite administrativo de firmar el acuerdo.

El cronograma de actuaciones refleja que el Consistorio aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) el 25 de febrero de 2020. E inició la redacción del proyecto de actuación, en el que también está otra empresa -propietaria de parte del suelo del sector Zambrana, y el propio Ayuntamiento, que desde junio de 2021 es propietario del colegio del Salvador. «Desde esa fecha hay tres propietarios en el sector: Ayuntamiento, la empresa y la Tesorería de la Seguridad Social», recalca Saravia.

El 30 de junio de 2021 se aprobó inicialmente el proyecto de actuación, pero una alegación retrasó la definitiva hasta el 9 de marzo de este año. Al día siguiente se notificó el acuerdo a la TGSS, que recibe el convenio el 22 de marzo. «Parece que están de acuerdo, porque contiene las correcciones que pidieron, pero el 11 de abril, con el convenio ya firmado por parte del Ayuntamiento y la otra propiedad,  la subdirectora de Gestión del Patrimonio, a pesar de los visto buenos favorables de la propia TGSS que había hasta entonces, nos dice que faltan varios informes internos. En este punto estamos», lamenta Manuel Saravia.

Partidas. A esto se añade que los Presupuestos Generales de este año reflejan que el Ministerio de Justicia solo tiene previsto invertir 100.000 euros en partidas «no regionalizables» para este proyecto. Y avanza una futura inversión de 2,4 y 2,5 millones para 2024 y 2025. Unas cantidades que no casan con la intención, anunciada por el propio Ministerio, de que vaya a ser la primera sede que recoja las ideas que se van a plasmar en el Plan Justicia 2030. Aunque la propia ministra ha confirmado esta semana al alcalde que en 2023 habrá partidas.