El pasado 1 de septiembre de 2020 entró en vigor una moratoria del Gobierno para que las empresas que se encontraran en una situación de insolvencia no tuvieran que recurrir a un concurso de acreedores. Fue una medida que intentó contrarrestar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que había estallado medio año antes, aunque desde el pasado mes dejó de estar vigente.
Los resultados no parece que hayan frenado la avalancha de concursos de acreedores que cabía esperar durante la pandemia. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el año pasado fueron 170, que representan un 73 por ciento más que los 98 de 2019, último año antes de la pandemia. Los datos también demuestran que el pasado ejercicio se aceleró una tendencia que ya se empezó a notar en 2020, con 133 concursos. De hecho, las de los dos últimos ejercicios son las cifras anuales más elevadas de concursos desde que el CGPJ empezó a ofrecer datos provinciales en 2007. Por entonces, justo al final de un ciclo económico de bonanza y antes del estallido de la crisis financiera mundial, en Valladolid solo se presentaban 16 concursos al año. Y el año 2022 ha empezado con la misma tendencia, con 36 concursos en Valladolid, casi el doble que antes de la crisis, aunque 16 menos que el año pasado.
Otra realidad que demuestran las estadísticas es que la crisis ha afectado tanto a las empresas como a las personas físicas, que también pueden recurrir a un concurso de acreedores cuando no puedan pagar sus deudas. De hecho, de los 170 presentados el año pasado, casi la mitad, 86, fueron personas que no tenían actividad empresarial. Esta proporción no ha variado excesivamente respecto a antes de la crisis. Los concursos de acreedores de personas físicas permiten que el deudor, en determinados casos, pueda obtener una quita del importe que no puede satisfacer, además de paralizar los procesos de embargo que estuvieran en marcha.
Lo cierto es que los datos que maneja el CGPJ están en consonancia con lo vivido por los despachos de abogados especializados en procesos concursales. Es el caso de Galán de Mora Abogados, un despacho situado en la calle Nuñez de Guzmán el Pinciano, en Parquesol. Su responsable, Enrique Cebrián, explica que «la presentación de concursos depende fundamentalmente de la situación económica, no es tanto una situación de leyes». Y, por este motivo, reconoce que durante los dos últimos años en esta empresa se han tramitado muchos más casos de los habituales.
Este profesional opina que esta moratoria «lo único que ha hecho es generar empresas zombies, que seguramente afloren ahora con el final de la misma». Cebrián hace referencia a un término acuñado en los últimos años para definir a los negocios en situación de insolvencia que han podido seguir adelante gracias a «las especiales circunstancias de financiación que ha habido durante la pandemia», como los créditos blandos y los créditos ICO, y a la propia moratoria, pero que realmente están en una situación de quiebra que no han podido remontar pese a estas medidas.
Por eso dentro de muchos sectores económicos hay temor por una posible avalancha de concursos a partir de septiembre, aunque este abogado cree que eso dependerá más de la situación económica que de la legislación vigente.
Lo malo de esta teoría es que las perspectivas económicas a corto y medio plazo no son muy halagüeñas, con un IPC por encima del 10 por ciento y con visos de seguir al alza en los próximos meses. «No hace falta ser un genio para darse cuenta de que las perspectivas son malas para cualquier actividad económica; y si la economía va mal, siempre va a haber más concursos», señala.
Por eso Cebrián relativiza la influencia que pueda tener la nueva Ley Concursal, aprobada justo al finalizar la moratoria. Además, critica el elevado número de reformas que ha experimentado esta normativa en los últimos años, sin dejar, según él, que llegue a asentarse. Una opinión que viene avalada por el propio preámbulo de la última reforma, recogido en el BOE del 7 de mayo de 2020, que comienza diciendo que «la historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas», para continuar reconociendo que «es difícil encontrar una ley que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones».
La nueva ley
La nueva Ley Concursal ya ha sido aprobada en el Congreso, aunque todavía está pendiente de pasar por el Senado para su aprobación definitiva. Una de sus principales novedades es que los trabajadores de una empresa podrán constituirse en cooperativa para 'rescatar' a una empresa que entre en concurso de acreedores. Además, la nueva norma eleva hasta los 20.000 euros la posibilidad de exoneración de las cantidades adeudadas a Hacienda y la Seguridad Social. Otro cambio es que esta deuda pasará a considerarse privilegiada.
Aunque el CGPJ todavía no ha publicado los datos, un estudio de la compañía Informa D&B cifra en 14 los concursos de acreedores registrados en el primer semestre de este año en Valladolid, si bien esta cifra solo tendría en cuenta los presentados por empresas y no por personas físicas.
Por otro lado, las estadísticas del CGPJ demuestran que la tendencia reflejada en Valladolid no es una excepción, aunque sí que es cierto que en esta provincia está mucho más marcada que en el resto del país. En toda España el año pasado aumentaron los concursos un 37,5 por ciento respecto a 2020. Castilla-La Mancha fue la comunidad donde más lo hizo, un 76,4 por ciento. En el otro extremo se sitúa Cantabria, que fue la única donde los concursos bajaron (un 5,7 por ciento). En Castilla y León se incrementaron un 57,2 por ciento, la tercera subida más pronunciada de España, solo por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura.