El Procurador del Común incluyó el año pasado a cuatro ayuntamientos de Valladolid en su lista de entidades no colaboradoras debido a que no remitieron diversas informaciones que se les había solicitado sobre quejas y reclamaciones de sus vecinos, y sobre algún aspecto normativo por el que preguntó la propia institución. Concretamente, los municipios que se han incorporado a esta lista son Boecillo, Peñafiel, Villavellid y Medina del Campo.
En el caso de Boecillo, fue una persona la que se dirigió al Procurador para quejarse de que las tarifas de la piscina municipal eran diferentes para empadronados y no empadronados, un extremo que este organismo ya había calificado de «discriminatorio» en resoluciones anteriores. El Procurador asegura que esa ordenanza fiscal es «nula de pleno derecho» e instó al Ayuntamiento de Boecillo a cambiarla. El 18 de mayo de 2017 el Ayuntamiento contestó diciendo que «ya había dado las instrucciones precisas para que en el ejercicio de 2018 no se aplique esa diferencia». No obstante, el mismo usuario volvió a quejarse al Procurador meses después al ver en una publicación municipal que las tarifas no habían cambiado. El organismo volvió a solicitar información al Ayuntamiento, pero el Consistorio nunca la remitió, de modo que el pasado 5 de febrero fue incluido en esta lista. El alcalde, Raúl Gómez, señala que, «si no se ha remitido esa información, es por la acumulación de trabajo que hay», aunque reconoce que «no es una buena excusa». El edil también reconoce las tarifas aún no se han cambiado, pero sí que está previsto hacerlo.
En el caso de Peñafiel, las quejas que llegaron al Procurador del Común fueron por los ruidos causados por la celebración de actividades de culto en un local. El alcalde, Elías Arranz, reconoce que es un problema que viene «de lejos»,, y asegura que el Ayuntamiento está trabajando para solucionarlo: «celebran un culto religioso y ponen la música a un volumen bastante alto, y el siguiente paso que tenemos que dar es contactar con el propietario para que dé una solución». Un conflicto localizado en el grupo de viviendas Santa Gema. Además, Arranz explica que la respuesta al Procurador del Común no ha llegado por «un problema de Secretaría».
Otro de los ‘tirones de oreja’ del Procurador ha sido para el Ayuntamiento de Villavellid, debido a que no contestaba a una solicitud de información sobre una queja que había presentado un vecino en relación a la limpieza viaria. El alcalde, Pablo Alonso, reconoce que tuvieron una época en la que salían «a una reclamación por semana», y sostiene que es el mismo vecino el que las presenta todas, aunque, según él, no siempre de forma justificada. «Por ejemplo, la calle de la que se queja en este caso ni siquiera existe, porque es una carretera de la Diputación», asevera. Alonso incide en que «se han ido acumulando los expedientes» y el Ayuntamiento ha ido respondiendo «como ha podido», aunque es consciente de que «alguno habrá podido quedar sin responder».
Patinetes eléctricos. Por último, Medina del Campo ha sido incluido en la lista por no informar sobre sus trámites para la elaboración de una ordenanza de regulación de uso de vehículos de movilidad personal, como el patinete eléctrico. El alcalde, Guzmán Gómez, achaca al anterior equipo de Gobierno que no se haya hecho este trámite. «Cuando entramos en el Ayuntamiento había muchas contestaciones pendientes, porque por norma no se contestaba, pero vamos haciéndolo», explica. Gómez avanza que está esperando a terminar esa ordenanza para responder.
El organismo ha incluido a estos cuatro ayuntamiento a lo largo del año pasado y lo que va de 2020, aunque en ejercicios previos también había otros pueblos de Valladolid en la lista. Los cuatro tienen un apercibimiento de la posible responsabilidad penal que pudiera acarrear no enviar la información, ya que el artículo 3.1 de la Ley 2/1994 dice que «todos los órganos y entes sujetos a la supervisión del Procurador del Común de Castilla y León están obligados a auxiliarle, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones».