La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como ‘banco malo’, anunció recientemente que ampliará de 2.400 a 10.000 las viviendas cedidas de comunidades autónomas y ayuntamientos para que se destinen a alquiler social. Son inmuebles que no están definidos, sino que se irán seleccionando en función de las necesidades que trasladen las corporaciones locales a la propia Sareb y la propia disponibilidad de la Sociedad.

Se trata de un plan que se lanzó a finales de 2013 y que en principio iba destinado a comunidades autónomas y posteriormente se amplió a grandes ciudades. El objetivo es que ahora se beneficien las que tienen un tamaño más pequeño.

El Ayuntamiento de Valladolid está muy atento a este plan y, aunque es escéptico respecto al número de viviendas que Sareb pueda ceder en la capital, tiene intención de ponerse en contacto con la Sociedad para ver si puede incorporar alguna a su parque de viviendas sociales. «Estamos en permanente contacto con ellos y vamos a plantearlo para ver si tienen alguna disponible», asegura el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia. De hecho, estos contactos ya se habían mantenido en años anteriores sin éxito.

Una actuación que va en la línea de la política del equipo de Gobierno de aumentar su parque de viviendas sociales para alquiler. El propio Saravia se lo marcó como un objetivo prioritario en su llegada al cargo, aunque las negociaciones posteriores, sobre todo con entidades financieras, fueron más difíciles de lo previsto.

Según explican desde Sareb, la disponibilidad de viviendas en Valladolid se analizará cuando el Ayuntamiento traslade las necesidades que tiene en materia de vivienda social. La cesión se realiza en usufructo y las corporaciones locales deben pagar una contraprestación a Sareb para cubrir sus gastos que asciende a 75 euros mensuales por cada una de las viviendas ocupadas y 125 por las que estén sin inquilinos. Respecto a la cuota del alquiler, son los ayuntamientos los encargados de fijarla.

Con los bancos. Para intentar ampliar su parque de viviendas, el Ayuntamiento propuso a algunas entidades financieras que cedieran sus inmuebles «por un tiempo razonable», a cambio de que las arcas municipales se hicieran cargo de los gastos que generan. Es más, en algunos casos se ofreció permutas por suelo, pero la respuesta generalizada fue que la disponibilidad de viviendas era escasa y que, por motivos empresariales, no interesaban las fórmulas propuestas.

La antigua Caja España-Duero sí que se mostró dispuesta a cederlas, pero siempre que el Ayuntamiento asumiera unos gastos que el equipo de Gobierno consideró que eran excesivos. «Nos salía mejor comprarlas», reconoce Saravia.

Y precisamente esa es la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento. Su objetivo es comprar unas 50 viviendas, más o menos, al año para incorporarlas a su parque de vivienda social. De hecho, el Ayuntamiento de Valladolid confirmó el pasado mes de febrero que este año se iban a incorporar otras 42 viviendas para que el número total de inmuebles en alquiler social ascendiera a 172. Aunque estas adquisiciones en un principio estaban destinadas a viviendas de entre 25.000 y 60.000 euros, el límite se amplió posteriormente hasta los 70.000 y este año hasta los 80.000. El Ayuntamiento tiene en cuenta los ingresos y el número de integrantes de la familia para elegir a los beneficiarios, quienes pagan una renta máxima del 30 por ciento de sus ingresos.

La Sociedad ya cedió cien viviendas a la Comunidad en el año 2015

El último acuerdo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con Castilla y León para la cesión de viviendas ‘sociales’ data del año 2015, cuando el consejero de Fomento, Juan Carlos Sánchez-Quiñones, firmó un convenio de colaboración en virtud del cual Sareb cedía un centenar de viviendas durante cuatro años. Todas las capitales de provincia se beneficiaron, si bien tuvo que pasar un año desde la firma del convenio para poder empezar a utilizarlas. En los siete años que lleva funcionando este programa Sareb ha  firmado acuerdos con doce comunidades autónomas y 14 ayuntamientos, lo que ha permitido ceder en usufructo un parque de 2.400 pisos, donde viven unas 6.000 personas.