La crisis del coronavirus ha obligado a muchas empresas, del ámbito público y privado, a tomar medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio entre sus trabajadores. Las que tienen posibilidad han optado por el teletrabajo, pero hay otras actividades que necesariamente tienen que ser presenciales y los empleados, en mayor o menor medida, están expuestos al contagio, sobre todo cuando tienen que estar en contacto con usuarios o clientes.

Los sindicatos consideran que el nivel de cumplimiento es aceptable en la medida de las posibilidades de las empresas, porque no todas han podido abastecerse de equipos de protección individual (EPI), pero también hay otro grupo de empresas que, a juicio de los representantes de los trabajadores, no cumplen con la normativa. Unas normas recogidas en la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, editada por el Ministerio de Trabajo.

Cuando los trabajadores consideren que las medidas de seguridad no se cumplen, tienen la posibilidad de denunciarlo ante la Inspección de Trabajo. Según los datos facilitado por el propio Ministerio a este periódico, este organismo ha intervenido en 61 ocasiones en empresas de la provincia después de haber recibido alguna denuncia. En 28 de ellas se detectó algún tipo de irregularidad, de modo que en cinco de estos casos se optó por hacer «una advertencia de cumplimiento de los Protocolos de Sanidad en materia de protección de los trabajadores frente a los riesgos del Covid-19» y en otros 23 los inspectores se decantaron por «un requerimiento de cumplimiento de diferentes medidas preventivas, en base a la normativa de prevención de seguridad y salud».

La diferencia entre ambos conceptos radica en que en los requerimientos la Inspección insta a la empresa a tomar una serie de medidas en un plazo determinado con la amenaza de una sanción concreta si no lo hace, mientras que en la advertencia no existe tal propuesta de sanción, aunque en ambos casos se trate de irregularidades.

Por otro lado, otras cinco actuaciones finalizaron con un informe en el que se establecía que no se podían constatar los hechos denunciados, «bien porque los trabajadores ya estaban trabajando o la empresa estaba ya cerrada, o porque se habían adoptado medidas preventivas», explican desde la Inspección. Las 28 denuncias restantes todavía están siendo investigadas y no hay una resolución.

los sindicatos. Según las organizaciones sindicales, hay algunos sectores que están sufriendo especialmente este tipo de situaciones. La responsable de Salud Laboral de CCOO en Castilla y León, Sheila Mateos, apunta al comercio como uno de los más «conflictivos», sobre todo por la falta de desinfección de las instalaciones. «Hemos detectado que no en todas las cadenas se está cumpliendo», dice. Mateos también hace referencia a «algunas naves industriales del sector agroalimentario que tratan de cumplir las medidas, pero que no sucede cuando llegan los descansos porque hay comedores habilitados para 30 o 40 personas donde entran todos a la vez». Bien es cierto que, según ella, el nivel de cumplimiento ahora es mucho mayor que en los primeros días de la pandemia, aunque cree que es más por imposición de las autoridades que por concienciación. «Si todas estas medidas se hubieran puesto al principio, a lo mejor habría habido menos contagios», opina. Pese a todo, las denuncias siguen llegando a la sede del sindicato. «La última ha sido en una empresa de tratamiento de la resina, donde la Inspección les ha dado 24 horas para cerrar porque no es un servicio esencial y porque no estaba cumpliendo las medidas de higiene», explica. Entre las principales quejas de los trabajadores está el no cumplir la distancia de seguridad y la falta de EPI.

Por su parte, la responsable de Salud Laboral de UGT, Azucena Pérez, confirma que la mayor parte de consultas son sobre EPI y también sobre trabajadores especialmente sensibles a este riesgo, por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos. Pérez reconoce que las medidas de seguridad «están bastante mejor» que al principio, pero «todavía son bastante mejorables».

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha creado una Unidad de Gestión específica para afrontar la incidencia del Covid-19 en el ámbito laboral y ha dado indicaciones a las inspecciones provinciales para que dediquen preferentemente su actuación a este ámbito, y para que mantengan el resto de su actividad en relación con las actuaciones urgentes.

La Policía Municipal  interviene en 29 denuncias

La Policía Municipal también se ha implicado en la denuncias interpuestas por los trabajadores. Según los datos facilitados por este organismo, desde el 15 de marzo el Cuerpo ha recibido 29 denuncias, aunque la mayor parte de ellas, 23, se registraron durante los tres primeros días. Fuentes municipales aseguran que una de las últimas se produjo la semana pasada, cuando se avisó de que un gimnasio de la calle Gallo permanecía abierto al público con cuatro personas en su interior. No obstante, fuentes de la Policía Municipal confirman que la mayor parte de las denuncias de los primeros días procedían de trabajadores de empresas de atención telefónica. En estos casos, los agentes acuden a la compañía en cuestión para comprobar si se están cumpliendo unas medidas mínimas de seguridad. Por ejemplo, mantener la distancia adecuada entre los empleados y, en el caso de este tipo de empresas, si no se comparten los auriculares con micrófono, pues podrían ser una fuente de contagio. Después de todas las actuaciones se levanta un acta que se remite a la autoridad que corresponda en cada caso, generalmente la Junta de Castilla y León. En algunos casos la propia Policía colabora con las empresas para acometer los cambios necesarios. Es lo que sucedió, por ejemplo, en una empresa de telefonía de Parquesol donde no se respetaba la distancia mínima entre trabajadores. Estas actuaciones se suman a las denuncias que durante estos días está tramitando la Policía Municipal a ciudadanos por incumplir el confinamiento. Los agentes están realizando controles en las calles y las carreteras para comprobar que las personas que están ahí lo hacen amparadas en una de las excepciones contempladas en el Real Decreto.