«Si una persona sin discapacidad ya tiene muy complicado encontrar un empleo, imagínate con una discapacidad». Las palabras del presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (Predif), Francisco Sardón, ponen de manifiesto la odisea que supone para la mayor parte de las personas que padecen una discapacidad, ya sea física o intelectual, incorporarse al mercado laboral. Es más, aseguran que hay leyes en favor de la integración laboral que no se cumplen. Por ejemplo, la que exige que las empresas de más de 50 empleados reserven al menos un dos por ciento de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. El propio Sardón reconoce que «si las empresas contrataran de forma fluida a las personas con discapacidad, no existiría esa diferencia en la tasa de paro». Según los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2017, últimos publicados, esta tasa entre las personas con discapacidad es del 26,2 por ciento, frente al 17,1 por ciento de las personas sin discapacidad.
No es una simple percepción. El propio PSOE reconoce en su programa electoral para las Elecciones Generales que «la gran asignatura pendiente es la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral, donde no se están cumpliendo los porcentajes de incorporación previstos en la legislación vigente». La Ley General de Discapacidad obliga a las empresas de más de 50 trabajadores, ya sean públicas o privadas, a reservar ese dos por ciento a personas que tengan reconocida una discapacidad del 33 por ciento o superior, aunque hay dos motivos de excepcionalidad: que los servicios públicos de empleo o agencias de colocación no puedan cubrir la oferta o cuando la empresa acredite causas de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad.
También pueden optar por medias alternativas, como firmar un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo (CEE), o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas y realizar donaciones o patrocinios a entidades sin ánimo de lucro que trabajen por la inserción laboral.
Sardón señala que hay otro dato que demuestra que esta Ley no se cumple: el 80 por ciento de las contrataciones corren a cargo de los CEE y solo un 20 por ciento se realizan en las empresas ordinarias. «Si esa Ley se cumpliera, los datos no serían los que son», añade.
MENOS CONTRATOS
Según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y recogidos en un informe de Randstad, entre enero y octubre del año pasado se firmaron en Valladolid 1.698 contratos laborales de personas con discapacidad, un 2,9 por ciento menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Un dato que contrasta con el incremento del 6,3 por ciento registrado en España. De hecho, Castilla y León presentó los segundos peores datos de España, con una caída del 2,8 por ciento, solo por delante de la Comunidad Valenciana (-3,5 por ciento). Eso sí, el porcentaje de contratación indefinida es del 18,7 por ciento, muy por encima del diez por ciento que presenta el mercado general.
Inserta es una entidad que trabaja en la formación y empleo de personas con todo tipo de discapacidad y que forma parte de la Fundación ONCE. Su responsable en Castilla y León, Begoña Grijalvo, reconoce que ese dos por ciento no se cumple y que sigue siendo «complicado» la inserción en el mercado laboral, «pese a todo lo que ha mejorado el tejido empresarial y la visión sobre la discapacidad en los últimos años». Con todo, señala que permanecen «estereotipos» que perjudican a estas personas. «Parte de nuestro día a día consiste en informar a los empresarios de que la discapacidad es muy variada y que no se tienen que inventar puestos para estas personas, sino decir lo que necesitan y nosotros buscamos el profesional que encaje», explica.
Grijalvo también destaca que la Administración ha puesto en marcha medidas en los últimos años que considera «positivas». Por ejemplo, «la Ley de Contratos Públicos, que impide a empresas acceder a esos contratos si no cumplen con ese dos por ciento». Con todo, reconoce que «nadie está haciendo un control exhaustivo de ese cumplimiento», pese a que «hay muchas empresas que no cumplen».
El presidente de Asprona-Fundación Personas, Manuel Fernández, considera que son las empresas, más que los políticos, las que tienen que concienciarse. «Tienen que tener confianza y empezar a ver y valorar las capacidades que tienen las personas, en lugar de sus discapacidades», señala. Y eso será así, según él, «cuando seamos como nación un poco más maduros de lo que somos ahora». Fernández destaca la necesidad de «hacer ver» que estas personas son capaces, como él mismo ha podido comprobar en la Fundación Personas, al que pertenece Grupo Lince, un conjunto de empresa que empezó con cinco trabajadores a mediados de los 80 y ahora tiene 650.
La inclusión, presente en todos los programas de los partidos
Los partidos políticos no se han olvidado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus programas electorales de cara a las Elecciones Generales de este domingo. El propio PSOEreconoce que no se están cumpliendo los porcentajes de incorporación en la legislación vigente, y para solucionarlo se compromete a «diseñar medidas específicas en las políticas activas de empleo, con especial atención a las personas con discapacidad intelectual». Además, promete hacer un reforma para «fortalecer» la figura del enclave laboral (contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo y un Centro Especial de Empleo), «con el objetivo de dotar de seguridad e incentivos a los empresarios para que hagan un mayor uso de la misma.
Por su parte, el PP ha prometido aprobar una nueva ley de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, «que contemplará medidas como incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo (actualmente en el dos por ciento), subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo». También ha comprometido incentivos fiscales para las empresas que los contraten y fomenten «la contratación pública socialmente responsable». El PP también incluye en su programa electoral «extender las medidas de apoyo a las comunidades autónomas» y «favorecer los convenios de colaboración con las entidades de iniciativa social para la gestión de servicios sociales».
Unidas Podemos también promete una Ley de Inclusión Laboral, «dotada con un aumento de recursos suficiente» para «aumentar un 50 por ciento la tasa de actividad de las personas con diversidad funcional y garantizar el empleo con apoyos», así como solucionar la diferencia entre la tasa de paro de las personas con discapacidad y las que no la tienen. Por su parte, Ciudadanos se compromete a promover un Plan de Empleo para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad «que incluya el aumento de los fondos para los Centros Especiales de Empleo, al menos, para compensar la reciente subida del Salario Mínimo y elevar hasta el diez por ciento el cupo de reserva en el empleo público. Por último, la única referencia de VOX en sus cien medidas del programa es desarrollar «un plan de integración de las personas con síndrome de Down» y tratar esta característica como una «condición personal», no como una discapacidad. También les garantizan «amparo ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles».