El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha elevado de diez a once años y medio de cárcel las condenas para cada uno de los seis autores de la tentativa de robo y crimen de la Plaza Circular, donde la septuageneria María A. perdió la vida como consecuencia del asalto que tres de ellos realizaron en su domicilio.

Los condenados son el protésico vallisoletano Rubén A.R. y los ciudadanos de origen búlgaro Arso A.I, Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, quienes habían recurrido ante el TSJCyL, junto con el hijo de la fallecida, y que ven ahora como la Sala de lo Civil y Penal de dicho tribunal, con sede en Burgos, les absuelve del delito de pertenencia a grupo criminal--les habían caído dos años y medio--pero, por otro lado, les haya culpables de un delito de detención ilegal y les condena a otros cuatro años, tal y como había solicitado la acusación particular.

El fallo, por tanto, supone elevar de diez a once y medio la pena privativa de libertad para cada uno de los seis encausados, según la información del diario el Norte de Castilla recogida por Europa Press, medio a quien el letrado del hijo de la fallecida ya ha anunciado su intención de acudir al Supremo ya que sigue insistiendo en que los hechos son constitutivos de un asesinato y discrepa con respecto del TJCyL por haberles exculpado del delito de grupo criminal.

La sentencia de la Audiencia de Valladolid acordó imponer a los acusados un total de diez años, a razón de cuatro por delito de lesiones en concurso con homicidio imprudente, otros tres años y medio por robo en casa habitada en grado de tentativa y dos años y medio más po un delito de pertenencia a grupo criminal, aunque les absolvió de la detención ilegal.

El fallo incluye la obligación de que los seis, de forma conjunta y solidaria, de indemnizar con 40.000 euros a cada uno de los tres hijos de la fallecida, uno de los cuales, Jesús, ya ha anunciado su intención

Fiscalía había solicitado para cada uno de ellos catorce años y medio de cárcel, las acusaciones particulares entre dieciséis y medio y doce y las defensas tres años y nueve meses.

El juicio se inició el pasado día 2 de noviembre de 2021 y se prolongó durante nueve jornadas, algunas de ellas en sesiones de mañana y tarde en las que, transmitidas vía streaming para los medios de comunicación, se analizaron hechos registrados el día 17 de octubre de 2018 cuando el domicilio de la septuagenaria María A, sito en la Plaza Circular de Valladolid, fue asaltado por tres varones de origen búlgaro, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, siguiendo las instrucciones que les había dado el empresario protésico vallisoletano Rubén A.R.

Este último, con información privilegiada "del entorno familiar" de la fallecida, que, en principio, situó como principal sospechosa a la entonces pareja del hijo de la víctima, pues conocía la existencia de grandes cantidades de dinero y joyas guardadas en una caja fuerte en el inmueble, así como los hábitos de la propietaria. De ahí que se concertara con el búlgaro Arso A.I, su "lugarteniente", para que éste, a través de Emil A.M, de la misma nacionalidad y en el papel de "intermediario", reclutara a otros tres compatriotas para la comisión material del robo.

El robo, sin embargo, se complicó y los tres autores del asalto acabaron con la vida de la anciana --falleció a causa de una insuficiencia cardiaca-- tras golpearla y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que hubieran obtenido el botín perseguido.

Con carácter previo al asalto, Emil A.M. se había encargado de recoger a primera hora de la mañana a los 'sicarios' en sus respectivos domicilios, Antón A.M. en la zona de Peñafiel y a los Gabriel, cuñados entre sí, en la zona de Medina de Rioseco, para trasladarles en su vehículo hasta un local de Rubén A.R. en la capital vallisoletana.

Allí, el empresario y "autor intelectual" del robo se encargaría de dar las instrucciones al resto y de aleccionarles sobre dónde tenían que buscar y cómo tenían que proceder con la moradora, a la que debían dejar inmovilizada mientras registraran el inmueble, tal y como han reconocido dos de los participantes, Antón y Gabriel E.K, únicos encausados confesos.

No se podían imaginar, sin embargo, que las vigilancias realizadas el día previo al robo y los distintos movimientos y flujo de llamadas telefónicas entre los acusados el mismo día de los hechos quedarían registrados por los repetidores de telefonía móvil y distintas cámaras de seguridad instaladas en bares, supermercados y una entidad bancaria próximas al piso de la anciana.

Las imágenes de los tres asaltantes en momentos previos y posteriores al robo y el posicionamiento de los teléfonos móviles del resto, así como las grabaciones de dos de los vehículos utilizados, el de Rubén A.R, un Smart muy característico, y la Renault Scenic que conducía Emil, fueron esgrimidos por las acusaciones como principal prueba de cargo, y ello junto con la confesión de dos de ellos y la declaración de un testigo que presenció la salida del piso de los tres ejecutores.