Dos presos esperan a un tercero en uno de los pasillos de la cárcel de Valladolid y, sin mediar palabra, se abalanzan sobre él y le atacan con unas tijeras, alcanzándole en dos ocasiones en el cuello. Buscaban venganza porque los agresores –un padre y su hijo, miembros de un clan de Salamanca– creían que les había delatado. Fue en marzo de 2020 y no le mataron de milagro.

Abril de 2021, un recluso sale de su celda lanzándose de manera  sorpresiva sobre un funcionario cuando le iba a trasladar al patio. Le atacó y le rompió un dedo.

Enero de 2022, un interno con «problemas de adaptación» prende fuego a su celda y provoca un grave incendio en el módulo 7 que pudo ser atajado por varios trabajadores de la cárcel.

Son solo tres ejemplos del día a día que padecen los funcionarios de prisiones en 'Villanubla', donde la conflictividad va en aumento en los últimos años. Tanto ha crecido tras la pandemia que eso del 'día a día' se ha convertido en literal, puesto que en 2022 se llegaron a incoar 417 expedientes (es decir, más de uno diario) por incumplir el regimen penitenciario, según la información a la que ha tenido acceso El Día de Valladolid.

El dato contrasta con los de años anteriores y constata la denuncia que se viene efectuando desde las organizaciones sindicales en las que se alerta de un problema que va al alza y que se ha incrementado a resultas de la pandemia, y para lo que los funcionarios exigen que se les considere autoridad, con el fin de que cualquier ataque de los reos pueda conllevar un castigo mucho mayor del previsto ahora.

De las 417 faltas registradas el año recién concluido, una cuarta parte (112) fueron muy graves, que es como se tipifican actitudes que van desde el intento de evasión, a peleas con armas entre los reclusos  o agresiones a funcionarios. Hubo también 301 expedientes graves, que son los relativos a altercados entre reos sin causarse lesiones y también cuando son sorprendidos en posesión de un teléfono móvil (totalmente prohibidos entre rejas); y cuatro leves, que se suele aplicar «cuando discuten entre ellos y se alteran, aunque siempre que no lleguen a las manos», detallan las fuentes penitenciarias consultadas por este periódico.

Los datos de 2022 suponen un 23% más de incidentes que en 2021, cuando hubo 337 faltas en la cárcel vallisoletana; y un 41% más que en 2020, un pandémico año en el que se registradon 294.

El doble de casos muy graves

Pero el problema no está tanto en el número total, que crece de un modo evidente, sino en el tipo de falta, puesto que suben sobre todo las tipificadas como muy graves, prácticamente duplicándose en el último año (de las 68 de 2021 a las 112 de 2022), lo que da sentido a las quejas sindicales sobre el constante aumento de la conflictividad entre la población reclusa.

«Llevamos años exigiendo ser agente de la autoridad, que se nos dote de un uniforme adecuado y de defensas eléctricas (táser), pero no hemos conseguido nada por el momento», lamenta el delegado de CSIF en el Centro Penitenciario de Valladolid, Honorio Gordo, quien recuerda también la necesidad de de que el Ministerio del Interior les facilite una «formación continua», así como que el Gobierno impulse la equiparación salarial y una oferta de empleo «adecuada» que ponga fin a las carencias que sufren todas las plantillas.

En el caso de 'Villanubla', desde CSIF se cifra el déficit en el 21%, ya que en estos momentos estarían sin cubrir 64 puestos, toda vez que la relación de puestos de trabajo (RPT) habla de 304 plazas y solo hay 240. Además, la mitad de esas vacantes se encuentran en el área de 'vigilancia interior', que es una de las más sensibles para luchar contra esa creciente conflictividad. «Los dos últimos años, la oferta de empleo ha sido insuficiente, ni se han cubierto siquiera las vacantes por jubilación. Esto provoca una sobrecarga de trabajo en todas las áreas», censura Honorio Gordo en declaraciones a este periódico.

La plantilla de funcionarios va menguando a base de jubilaciones y ante esas insuficientes ofertas de empleo, mientras que la población reclusa se encuentra en una de las cifras más elevadas de los últimos años. El último dato habla de que hay 475 internos actualmente en el Centro Penitenciario de Valladolid, por los 445 que con que acabó 2021 (datos del Ministerio del Interior de fecha 31 de diciembre), los 397 de 2020, los 431 de 2019, los 429 de 2018 y los 471 de 2017. Todos ellos son registros inferiores al actual, mientras que en 2016 se anotó el récord de la última década con  531. La estadística se completa con los 511 reos que había a finales de 2014, lo 508 de 2013, los 513 de 2012 y los 481 de 2011.

110 reos extranjeros

Lo que apenas ha cambiado durante esta década es la proporción de presos extranjeros, que viene siendo una cuarta parte del total. Ahora mismo son 110 los que hay, por los 95 del año anterior, los 78 de 2000 y los 90 de 2019. Con anterioridad, todos los registros hablan de más de cien reos foráneos en 'Villanubla', con un pico de 189 en 2016. 

En la lista de 475 internos, hay 42 que cumplen en el CIS(Centro de Inserción Social) que hay entre Santovenia y Valladolid, al estar ya en una fase final de su condena y en semilibertad. Allí no están todos los que están clasificados en tercer grado, ya que estos son algunos más y suponen en torno a una quinta parte de la población penitenciaria que, en su mayor parte, cumple en regimen de segundo grado.

En este mismo sentido, los datos del Ministerio del Interior detallan un perfil del recluso que en cuatro de cada diez casos está en la franja de los 26 a 40 años, mientras que hay otros tantos en la de los 41 a 60 años.

En cuanto al delito principal por el que están cumpliendo condena, el 34 por ciento lo hace por algún tipo de delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico (robos, hurtos, estafas...). El siguiente tipo de preso más habitual es el que se encuentra entre rejas por tráfico de drogas, hasta el punto de que más del 18% de los reos son camellos, mulas y narcotraficantes, todos con condenas por delitos contra la salud pública.

Además, los maltratadores que llegan a la cárcel por violencia de género suponen ya el diez por ciento del total, mientras que los delincuentes sexuales son el ocho por ciento, seguidos muy de cerca por los autores de homicidios y, ya más de lejos, por los condenados por lesiones.