Una buena situación económica no hace ganar las elecciones por sí sola, pero una mala situación económica si es la causa de que se pierdan. Le ocurrió a Mariano Rajoy, que se pasó todos sus mandatos intentando mejorar los datos económicos y al final perdió las elecciones por los asuntos de corrupción que arrastraba el PP. A un gobierno se le exige que gestione bien, que sepa hacer frente a los accidentes económicos que le salgan al paso y que garantice las condiciones de vida de sus ciudadanos, porque esa es su obligación..
Por el contrario, si las tormentas económicas afectan al nivel de vida y generan problemas a la mayor parte de las familias para que puedan llegar a fin de mes, aumentan los despidos, cierran empresas y el endurecimiento de los requisitos europeos se hacen patentes, los votantes atribuyen sus tribulaciones al Gobierno al mando. Eso lo sabe el PSOE que perdió el poder tras la crisis de 2008 y la intervención europea de mayo de 2010.
El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que la oposición dibuja como un obseso por mantenerse en el poder, que logró salir vivo de la gestión de la pandemia, que considera que la supresión del delito de sedición en marcha no le va a pasar factura en las urnas y que espera tener el mismo resultado con la reforma del delito de malversación –un asunto muchísimo más delicado por cuanto afecta al mal endémico de la corrupción- para que el expediente catalán deje de ser el eje de la política nacional, sabe que ahora la inflación es su peor enemigo y de ahí el empeño para que antes de que acabe el año se apruebe un nuevo paquete de medidas anticrisis que suponga un rearme del escudo social que ha de proteger en primer lugar a las personas más vulnerables y a la clase media.
Los negociadores de Unidas Podemos -en esta ocasión unidas las facciones de Yolanda Diaz y del dúo Montero/Belarra- con el Gobierno, trabajan en cuatro líneas para contener el incremento de la inflación, ya por debajo de la media europea con las subvenciones al transporte y los combustibles. Se trata ahora de encontrar la fórmula para rebajar los precios de los alimentos, sin intervenir en la formación de los precios, descartada la rebaja del IVA –lo que prefiere el sector de la gran distribución y de lo que recela la UE- por la vía de deducciones en la declaración del IRPF o mediante un cheque directo de cuantía a establecer, sumado a un nuevo impuesto a la gran distribución –como en Portugal-, que como las empresas energéticas y las eléctricas están obteniendo beneficios extraordinarios con el alza de los precios, sin que el sector primario logre salir de su situación agónica. De que la fórmula elegida sea bien visible desde el primer momento dependerá el éxito de la medida. De eso, y de que no haya posiciones enquistadas entre las dos patas del Gobierno y que comprendan que en ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno.
Los otros dos asuntos que UP quiere que entren en el nuevo paquete para controlar la inflación, la congelación de las cuotas de las hipotecas y de los precios de las viviendas de alquiler, presentan soluciones más problemáticas en un fin de año de alta tensión política.