Han tenido que ser los diputados de la CUP los que dejen en evidencia al conjunto de la clase política de nuestro país. Los parlamentarios de esta formación independentista han pedido a la Mesa del Congreso que aplique una reducción del salario a sus señorías en el concepto donde pone dietas por desplazamientos y otros complementos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los 350 diputados no se desplazan a ningún lado desde que se decretó el estado de alarma. Lo mismo habría que reclamar para los senadores, aunque, mientras permanezca cerrada, al menos ahorraremos el mantenimiento de la sauna en que se ha convertido la Cámara Alta. No habría que hacer de menos en ese ajuste a los parlamentarios autonómicos, acostumbrados también a predicar con el mal ejemplo cuando toca apretarse el cinturón.

Frente a esa postura de la clase política, el conjunto de los ciudadanos mira el futuro con miedo y con incertidumbre. Cientos de miles de españoles ya han visto como la crisis les ha llevado a engrosar las listas del desempleo, otros tantos estarán tentándose la ropa por lo que les pueda ocurrir durante las próximas semanas. Los autónomos, después de varias semanas con cero ingresos, se sienten despreciados por el Gobierno.

Van a poder contarse con los dedos de una mano, y nos sobrarán unos cuantos, los políticos que salgan bien parados de esta situación de excepcionalidad. La inmensa mayoría está demostrando su incapacidad para liderar consensos y generar confianza entre la opinión pública.

Todo esto pasará y cada uno tendremos que hacer examen de conciencia. También esos ciudadanos que ahora salen a balcones y ventanas a aplaudir a los profesionales de la Sanidad. Esos trabajadores seguirán siendo los mismos cuando termine la alerta sanitaria. No héroes, sino trabajadores que sufren el desprecio de algunos pacientes que se creen con el derecho de utilizar la sanidad pública a su conveniencia.