La Audiencia Provincial de Valladolid ordenó la reapertura de las diligencias penales instruidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, por los delitos de prevaricación presuntamente cometidos por cinco responsables y funcionarios de la Diputación en relación con la construcción del fallido complejo de ocio y aventura Meseta Ski en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas. Fuentes de la institución provincial aseguraron a Ical que mantienen su "respeto a la Justicia y colaboración absoluta con ella".

Tras resolver que la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra está legitimada para recurrir el archivo provisional del caso, el tribunal considera que los presuntos delitos tienen causa en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA) de 5 de agosto de 2010, por el que se aprobó una inversión de 1,6 millones de euros en obras de reparación, intereses, indemnizaciones y gastos de custodia a favor de la empresa Corsan-Corvian Construcción, S.A.

Ese día, los investigados en representación de SODEVA reactivaron las obras de construcción del complejo de ocio, tras su blindaje por Ley 6/2010 de las Cortes de Castilla y León, que fue primero suspendida y finalmente anulada por el Tribunal Constitucional en sentencia de octubre de 2014.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial concluyó que entre la fecha de este acuerdo y el inicio de las diligencias penales (el 11 de septiembre de 2019) no han transcurrido los diez años necesarios para que concurra la prescripción de los delitos que lleven aparejada una pena de entre cinco y diez años de inhabilitación, como es el caso del delito de prevaricación, imputado a las autoridades y funcionarios investigados por la causa de Meseta Ski.

En cambio, la Audiencia Provincial declara que sí procede el archivo provisional de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, porque en la fecha de presunta comisión del primero, la malversación requería que las autoridades o funcionarios "sustrajeran o permitieran la sustracción de caudales o fondos públicos, con vocación de obtener aprovechamiento, ventaja o ganancia para sí o para un tercero", de lo que hasta el momento "no hay prueba indiciaria sólida".

No obstante, la Sala de lo Penal, explica Ecologistas en Acción, constata que "obran en la causa indicios suficientes sobre la poca viabilidad del estudio previo del proyecto y sobre la presunta ilegalidad de las adjudicaciones, que derivó en un derroche de fondos públicos" que condujeron a "la preparación del proyecto sin informes previos solventes, técnicos y jurídicos, y por ende a un considerable perjuicio económico de la administración pública".

De hecho, la Audiencia Provincial recuerda que la redacción actual del delito de malversación contenida en el artículo 432 del Código Penal lo extiende al "despilfarro de fondos públicos, que hoy sí sería imputable a las autoridades y funcionarios de SODEVA, que derrocharon hasta quince millones de euros de todas y todos en la ejecución de una obra ilegal, por ser contraria al plan urbanístico de Tordesillas y desarrollarse en un monte incendiado".

En consecuencia, el auto de la Audiencia Provincial dispone la continuación de las diligencias por un presunto delito de prevaricación contra el todavía alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno, el exdiputado Pedro Pariente, el exgerente de SODEVA Luis Alberto Sánchez, el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación y actual Gerente de Reval, Luis Torroglosa, y el arquitecto de SODEVA Valentín González, además del arquitecto director de la obra, Santiago González.

Ecologistas en Acción se congratuló de la reapertura de la causa, para que la prevaricación "no salga gratis una vez" más a los políticos profesionales", pero recordó que "no están todos los que son", en referencia a los 125 procuradores regionales, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Tordesillas que "aprobaron en sus diversas fases el despilfarro de dinero público de Meseta Ski, con manifiesto desprecio por los derechos civiles, la legalidad y el interés general".

Por su parte, Toma la Palabra ha recibido "con entusiasmo" y "también con cautela" la decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid de reabrir las diligencias penales por el caso Meseta Ski, al considerar que no han prescrito el delito de prevaricación presuntamente cometido por diversos cargos y funcionarios de la Diputación de Valladolid.

Según explica la plataforma de izquierdas, la Audiencia establece que el 'dies a quo' a partir del cual se debe iniciar el cómputo del plazo de la prescripción del supuesto delito es el 5 de agosto de 2010, por lo que no habrían transcurrido entre su comisión y el inicio de las diligencias penales (11 de septiembre de 2019) los 10 años necesarios para considerarlo extinguido.

Pese a que el recurso sólo se ha estimado de manera parcial, Toma la Palabra ha considerado "muy positiva" la decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid y ha mostrado su esperanza en que "quienes provocaron tal despilfarro de dinero público sean juzgados de una vez por todas y sirva como ejemplo para demostrar que la corrupción no sale gratis", en palabras del portavoz de la plataforma en la Diputación de Valladolid, Marcos Díez.