El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha anunciado este martes que dentro de una semana, el 20 de diciembre, se celebrará un acto para la firma del protocolo entre el Consistorio y el Ministerio de Justicia por el cual se acordará definitivamente el proyecto de unificación de las sedes judiciales en la capital, conocido como Campus de la Justicia.

Así lo ha señalado este martes el edil de Valladolid Toma la Palabra en el último punto del orden del día -Ruegos y Preguntas- del Pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento en una sesión doble, ya que ha estado precedido por otro extraordinario para la aprobación del Presupuesto municipal para 2023.

Después de más de seis horas de debates, el concejal del Partido Popular José Antonio de Santiago-Juárez formulaba una pregunta al equipo de Gobierno para conocer si el alcalde había realizado alguna gestión con grupos parlamentarios en el Congreso para que se incluyera una enmienda de un millón de euros con el objetivo de redactar el proyecto del Campus de la Justicia, algo que no se ha producido.

El concejal de Planeamiento ha intervenido por parte del equipo de Gobierno pero no para responder a esa cuestión, algo que ha sido censurado por De Santiago-Juárez, sino para avanzar el próximo martes, 20 de diciembre, se firmará el protocolo que reclamaban por unanimidad todos los grupos municipales, según lo aprobado en el Pleno del pasado mes de noviembre.

Según ha apuntado Saravia, en las últimas ha habido reuniones con altos cargos en las que él ha participado en el Ministerio de Justicia y posteriormente se han intercambiado documentos y en definitiva el día 20 podrá firmarse el protocolo que pondrá en marcha la construcción de "los edificios del Campus de la Justicia".

Saravia ha subrayado que será un "proyecto bueno y completo" para Valladolid y, en declaraciones a Europa Press, ha precisado que el documento incluirá un presupuesto estimado, plazos para la ejecución del proyecto y recogerá el convenio por el cual el Ministerio obtendrá la cesión de las parcelas del colegio El Salvador y del aparcamiento del antiguo hospital Del Río Hortega, que desde hace poco tiempo son propiedad del Ayuntamiento.

Ante los reproches de De Santiago-Juárez, que ha acusado al equipo de Gobierno de "llevar siete años tomándonos el pelo y ahora nos lo va a tomar siete años más" al no tener respuesta relativa a la no presentación de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Saravia ha aseverado que al proyecto se pueden dedicar fondos no regionalizados" del Estado, de modo que entiende que "no es necesaria la modificación presupuestaria".

Ante el enfado del edil del PP, Manuel Saravia ha defendido que él puede contestar lo que le "parezca". Al acabar la intervención del concejal de Planeamiento, De Santiago-Juárez ha querido retomar la palabra, pero el alcalde, Óscar Puente, le ha recordado que ya había utilizado sus dos turnos de intervención para la pregunta y la réplica.

Puente ha aprovechado para apuntar que al acto que se pretende celebrar en el Ayuntamiento el próximo martes están invitados todos los grupos municipales porque en este asunto han mantenido una posición unida.

No obstante, tras una segunda pregunta presentada por el concejal 'popular' Rodrigo Nieto al respecto de unas críticas a la subsecretaria de Justicia, el alcalde ha asegurado que le "da la sensación" que al PP "le molesta que se haya llegado a un acuerdo, cuando parecía que estábamos todos en ello".

Antes de llegar a ello, en la sesión correspondiente al mes de diciembre de 2023 se han debatido cuatro mociones presentadas por los grupos de la oposición de las cuales ninguna de ellas ha sido aprobada en el tenor que se planteaba, pues dos han salido adelante pero con textos propuestos por el PSOE en sustitución; y además se aprobado una moción institucional para solicitar formalmente a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) la cesión a Asvafer el uso provisional de las antiguas naves de locomotoras.

En la propuesta se establece que el Ayuntamiento solicitará la convocatoria "urgente" de consejo de administración de la SVAV en la que se incluirá, como punto del orden del día la autorización a la asociación Asvafer para el uso provisional de las naves de Montaje 1 y 2 de la Base de Mantenimiento Integral de Paseo Farnesio para destinarlas a la salvaguarda temporal de los 28 vehículos históricos en propiedad de esta asociación o custodiados por ella.

También se plantea la firma para ello de un acuerdo "tripartito" entre Asvafer, Renfe y la SVAV, que ya habría sido propuesto por el operador ferroviario. Finalmente, el Ayuntamiento se compromete a proteger el patrimonio ferroviario de la ciudad, así como a llevar a cabo todas las acciones necesarias para su defensa, incluida la intervención, a la mayor brevedad posible, en el depósito de locomotoras para evitar su hundimiento contando para ello con financiación de la SVAV.

Recurso ante el Supremo

En cuanto a las mociones Vox proponía reprobar al alcalde por la sentencia del TSJCyL que condena al Ayuntamiento a indemnizar a la formación de derechas porque la Policía Municipal les obligó en octubre de 2020 a reiterar una mesa informativa instalada junto a la estatua de Cristóbal Colón.

En su debate, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha confirmado que los Servicios Jurídicos han determinado que la sentencia de segunda instancia -el Juzgado inicialmente consideró ajustada a derecho la actuación de la Policía- se recurrirá ante el Tribunal Supremo.

El asunto se ha saldado en el Pleno con la aprobación por parte del equipo de Gobierno de una enmienda de sustitución que insta al Gobierno de España a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para comunicar el ejercicio de derecho de reunión, a tomar en consideración los informes motivados a tal efecto emitidos por la Policía Local y a adoptar las medidas pertinentes para conciliar los derechos de promotores y terceros.

En otra moción que planteaba el PP se proponía una serie de acciones en respuesta a las propuestas del Gobierno de España relativas a la modificación de los delitos de Sedición y Malversación y en la que se reclamaba al presidente del Gobierno el cese de la ministra Irene Montero por las declaraciones relativas a los jueces por la aplicación de la Ley de 'Solo sí es sí'.

El texto ha quedado rechazado por los votos del equipo de Gobierno después de un debate más propio del Congreso de los Diputados en el que el 'popular' Alberto Gutiérrez ha acusado al equipo de Gobierno de "alinearse" con Esquerra Republicana y Bildu.

La otra moción del PP, relativa a la adenda de servicios sociales con la que la Junta ha incrementado la aportación al Ayuntamiento recientemente, ha quedado también sustituida por una enmienda del PSOE, que insta a la Gerencia de Servicios Sociales a mejorar esta financiación y a aportar el 90 por ciento del gasto total que Ayuntamientos y Diputaciones realicen en el servicio de ayuda a domicilio -actualmente aporta el 46 por ciento según el equipo de Gobierno-.

La propuesta que formulaba Ciudadanos para ampliar la zona regulada por la ORA al barrio de Huerta del Rey ha quedado rechazada igualmente con los votos en contra del equipo de Gobierno.

También en materia de movilidad se ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones, que restringirá la entrada de los vehículos que no dispongan de etiqueta de emisiones de la DGT a partir de la segunda mitad de 2023, aunque sin sanciones previstas hasta finales del próximo año.