La buena evolución que ha experimentado el mercado laboral en los últimos meses, dentro del proceso de recuperación de la crisis sanitaria, ha reducido sustancialmente el número de hogares que tienen a todos sus miembros en el paro. Actualmente son 6.800, lo que representa un tres por ciento de los hogares que hay en la provincia, nada que ver con los 10.800 de hace cinco años, un 5,9 por ciento.
Una caída que probablemente no servirá de consuelo a las personas que siguen en esa situación, pero que muestra una tendencia que se ve reforzada con otro dato: el del número de hogares donde todos los miembros activos tienen trabajo, que han pasado de 123.500 en 2017 a 131.600 en la actualidad (un diez por ciento más que el año pasado), según la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, en seis de cada diez hogares todos sus integrantes trabajan.
Estas cifras, extraídas de la Encuesta de Población Activa (EPA), analizan las viviendas donde reside una o más personas que forman parte de la población activa, es decir, que están en disposición de trabajar. No se tiene en cuenta, por ejemplo, una vivienda formada por dos jubilados. De hecho, de los 225.900 hogares que hay en Valladolid, en 78.000 no hay ningún miembro activo, prácticamente uno de cada tres. Se trata de un porcentaje superior al de la mayoría de las provincias del país, que está condicionado por la mayor concentración de personas mayores.
Llama la atención que el mayor descenso de hogares con 'pleno' de parados se haya producido en plena pandemia. De los 10.500 de 2020 a los 6.000 de 2021. Según el presidente de la asociación Parados en Movimiento de Valladolid, Luis González, los ERTE han sido una herramienta fundamental para que esta cifra no se disparase cuando la actividad descendió drásticamente por la crisis sanitaria. «Es algo que ha salvado a mucha gente de estar ahogada, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de 2008», explica. Pese a ello, el representante de este colectivo considera que la cobertura social que reciben las personas que están en desempleo está muy lejos de lo que sería aconsejable, tanto en términos económicos como en la asistencia para reincorporarse al mercado laboral. «Lo de los cursos es desastroso, yo tuve que hacer uno a los 63 años para aprender a hacer un currículum en el ordenador, y todos los que estábamos allí éramos de esa edad... no tiene sentido enseñar eso a una persona que se va a jubilar al año siguiente», opina González, que ahora está jubilado a pesar de seguir al frente de esta asociación. Y en lo económico, cree que la ayuda de 430 euros «no llega ni para pagar lo básico de una casa, y mucho menos con estos precios de luz y gas». Este colectivo reclama que esos ingresos, «tal y como marca la Carta Social Europea», no pueden estar «por debajo del umbral de la pobreza», fijado este año en 794 euros al mes.
Los de larga duración
Según González, los parados de larga duración son los que están en una situación más complicada, no solo por el evidente deterioro de su situación económica, sino también por el «estigma social» que tienen que soportar. Ese sambenito que indirectamente se les cuelga cuando alguien utiliza la manida frase de que 'el que no trabaja es porque no quiere'. «Es muy difícil psicológicamente estar así, cuando te encuentras con un conocido no te apetece ni que te pregunte por ello», señala.
Los parados de larga duración son aquellos que llevan más de un año en búsqueda activa de empleo. Según el INE, la tasa de este tipo de desempleo era el año pasado del 4,4 por ciento, muy lejos del 11 por ciento que llegó de 2014, cuando la pasada crisis financiera daba sus últimos coletazos.
Eso no significa que todavía haya en la provincia y en la Comunidad familias que están en una situación límite después de haber agotado todas las ayudas sociales. Así lo recoge el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) y presentado hace unos meses por Cáritas en Valladolid. Este documento alerta de que cinco perfiles o grupos sociales registran en Castilla y León tasas de exclusión social superiores al 40 por ciento. El primero está formado por los hogares en situación de pobreza severa (93,2%), aunque también están en esta situación los que no tienen ingresos económicos (87,1%), los hogares cuya persona sustentadora principal está buscando empleo (84,3%), los hogares en los que la persona sustentadora principal es de nacionalidad extranjera (53,2%) y las personas de nacionalidad extranjera (43,7%).
Además, hay otro factor a tener en cuenta que tiene que ver con la evolución de la radiografía de los hogares españoles, que en las últimas décadas ha pasado de núcleos familiares habitualmente formados por varios personas a otra situación en la que poco a poco se imponen los hogares unipersonales. Estos últimos tienen muchas más dificultades para afrontar con una sola fuente de ingresos pagos como los de la hipoteca, el alquiler, la luz y el gas. De hecho, el informe de Cáritas apunta a que ya representan el 22,6 por ciento, frente al 8,4 por ciento del año 2018. Estos hogares «se encuentran entre aquellos colectivos que más han visto deteriorada su situación en los últimos tres años».
Y todo hace indicar que la inminente llegada del frío no contribuirá a cambiar esta tendencia.