La Diputación de Valladolid y el Ilustre Colegio de Abogados (Icava) han renovado su convenio de colaboración, que se inició en 2016, basado en tres líneas --"tres patas"-- de trabajo para ayudar a "mejorar" la convivencia de los vecinos de la provincia a través de la mediación, la prevención y el asesoramiento.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha señalado que es una "satisfacción" renovar un año más el convenio, dado que es un mecanismo para "poner en marcha diversas líneas de actuación para asesorar, prevenir y mediar entre los vecinos de la provincia".

"Son instrumentos que hacen énfasis en la educación legal de los ciudadanos para encontrar soluciones dialogadas a los conflictos cotidianos", ha apostillado.

El objetivo "fundamental de esta iniciativa es el de ayudar a los alcaldes", ha puntualizado el dirigente 'popular', para después ironizar sobre que él "sabe bien de lo que habla en este campo, porque hay muchos enfrentamientos por problemas cotidianos en las zonas rurales".

En cuanto a las cifras, Conrado Íscar ha recalcado que 16 municipios han acudido a este servicio desde 2020, que ha intervenido en 25 mediaciones de las cuales nueve han sido resueltas de modo "satisfactorio" y otras nueve están en proceso de tramitación.

Íscar ha detallado que el primero de los cauces que utiliza el convenio para asesorar a los ciudadanos incide en el ámbito de la resolución de conflictos a través de la mediación comunitaria en los municipios de la provincia, en aquellos procesos permitidos por la ley.

La segunda línea de trabajo "se centra en la protección de la infancia y la juventud", para lo que se desarrollará un programa de asesoramiento jurídico a jóvenes "dirigido a sensibilizar a menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones, que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delitos y las consecuencias jurídicas de las mismas".

Por último, la tercera línea de actuación pretende también atender y asesorar a aquellas personas de la provincia susceptibles de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, "para ofrecerles el apoyo preciso para que, a pesar de haber sufrido un fracaso económico empresarial o personal, puedan remontar esa situación e iniciar una nueva trayectoria sin la losa del endeudamiento".

El decano del órgano colegiado, Javier Martín, por su parte, ha asegurado que se trata de un documento "importante" por el "poder implicar en el mismo a los profesionales de la abogacía, algo que es fundamental para defender la prevención en materia legal y evitar los problemas de las personas".

La firma de este convenio se ha producido este miércoles en el vallisoletano Palacio de Pimentel, sede de la Diputación.

Mediación vecinal

El objeto de esta primera línea de actuación es "buscar un cauce" de solución de conflictos que afectan a conflictos vecinales en los que sean parte los ayuntamientos, los relativos a la utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y familiares intergeneracionales.

En este sentido, Martín ha subrayado que es el propio Colegio de Abogados el que se encarga de realizar las campañas de difusión de este servicio en los diferentes municipios de la provincia, así como de prestar los profesionales pertenecientes al Centro de Mediación, que son quienes desarrollan la labor de mediación.

Las propuestas de mediación serán derivadas por los Ceas de la Diputación o los propios ayuntamientos y serán los profesionales del servicio de mediación quienes contacten con las partes afectadas, que deberán aceptar el servicio.

Una vez aceptado, se desplazan al municipio en el que han sido requerida la prestación del servicio, a una sala cedida por el ayuntamiento, para proceder al proceso de mediación y ya finalizado el mismo, se realizará un informe al Ceas o ayuntamiento correspondiente, "respetando en todo caso la regla de la confidencialidad que rige todo el proceso de mediación".

Desde el año 2020, dentro del convenio se han solicitado 25 mediaciones de las que nueve se han resuelto con acuerdo, nueve se encuentran aún en tramitación y en siete de ellas no se ha alcanzado acuerdo.

Los municipios solicitantes del servicio han sido 16 y en otros 14 el Icava ha realizado entre abril y junio de este año una campaña informativa para explicar a sus habitantes qué problemas pueden solucionarse mediante la mediación vecinal.

Asesoramiento jurídico a jóvenes

Esta línea se enmarca en el trabajo de la institución provincial "para avanzar en la protección de la infancia y de la juventud de la provincia, así como en áreas tan específicos como la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa de la mujer frente a la violencia de género y la prevención de la violencia entre iguales en el ámbito escolar".

"Para ello, se llevan a cabo talleres y charlas informativas en los que se busca sensibilizar a menores y adolescentes sobre los peligros de determinadas actuaciones, que podrían llegar incluso a ser constitutivas de delitos y las consecuencias jurídicas de las mismas", ha explicado el presidente de la Diputación.

Desde 2020 se han realizado charlas y talleres con más de 600 jóvenes en ocho Institutos de la provincia, ocho Puntos de Información Juvenil y dos Centros de Ocio de 14 municipio, "con un alto grado de satisfacción y de sorpresa del alumnado al conocer las consecuencias que pueden tener algunas actuaciones".

A partir de septiembre se abrirá de nuevo el plazo para solicitar las charlas correspondientes al curso 2022/2023.

Ley de segunda oportunidad

La tercera línea de actuación se centra en crear un servicio de asesoramiento jurídico y atención legal a la ciudadanía de municipios de Valladolid de menos de 20.000 habitantes que se encuentren en graves dificultades económicas para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, o en situación de insolvencia, ya sea actual o inminente, sin llegar a cumplir los requisitos para ser considerados deudores hipotecarios sin recursos, a partir del mecanismo de la Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad.

A este servicio pueden acceder las personas físicas empadronadas en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes cuya situación personal cumpla una serie de requisitos como que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros o que en los diez años anteriores no hayan sido condenados mediante sentencia firme por delito contra el patrimonio.

Para acceder al servicio, las personas afectadas deberán ser derivadas al Icava desde el Servicio de Insolvencia Hipotecaria de la Diputación de Valladolid y el Colegio pondrá a disposición de este servicio un turno de abogados.

Por este convenio, el Icava "se compromete a realizar el asesoramiento y atención a estas personas, llevando a cabo las consultas telefónicas o presenciales oportunas para informarles sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía así como las consecuencias jurídicas derivadas de los actos o negocios jurídicos".

Desde 2020 se han derivado a este servicio un total de 24 casos, de ellos 23 correspondientes a autónomos y uno a una persona particular.

La duración del procedimiento varía "de manera significativa" en función de cada caso concreto, que se podrá alargar a varios años en "casos más complejos con juzgados más saturados", aunque es un "periodo muy largo, mientras dura el procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad el deudor está protegido y no pueden seguir reclamándole sus deudas ni tampoco embargar sus bienes".