El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amiliva, destacó hoy que esta institución fiscalizó más de 15.000 millones de euros de cerca de 5.000 entidades locales y de todo el sector público autonómico durante los últimos 20 años; y emitió 2.200 recomendaciones, que "vemos con satisfacción" que "últimamente" se cumplen en más del 80 por ciento. "Contribuimos así de manera decisiva a la mejora de la gestión de las administraciones", sentenció momentos antes de abrir en la sede de las Cortes, los actos con motivo del XX Aniversario del órgano fiscalizador de la Comunidad.

Mario Amilivia explicó que el Consejo de Cuentas elaboró en esas dos décadas 240 informes de fiscalización y va camino de alcanzar los 290. En este sentido, enmarcó la jornada más que en una "celebración", en una "conmemoración", bajo la idea de "traer al presente la creación en su día" del órgano fiscalizador de la Comunidad y "reivindicar su trabajo en estos últimos 20 años" así como "hacer planteamientos para su futuro para servir mejor a los castellanos y leoneses", dijo.

Amilivia destacó las intervenciones hoy del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Asimismo, puso de relieve las conferencias del exmiembro del Consejo Consultivo y exconsejero de Educación y catedrático de Derecho Constitucional, Fernando Rey, y del profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, Juan Fernando Durán Alba, para presentar dos compendios de informes de fiscalización para "dar cumplimiento de la idea de rendir el trabajo bien hecho".

El presidente del Consejo de Cuentas recordó durante su intervención que en 2002 se aprobó la ley reguladora del órgano de fiscalización, que, recordó, "ha sufrido una serie de modificaciones legales desde entonces". Así, se refirió a la reforma de 2011, cuando se produjo una reducción de los consejeros de cinco a tres, y la "profunda reforma" de 2013, cuando se adscribió a las Cortes y se creó una secretaria general conjunta para las cuatro instituciones propias de la Comunidad, se modificó el estatuto de consejeros reduciendo mandatos, y hubo un "importante ajuste presupuestario".

Al respecto denunció, para concluir, que el Consejo Consultivo asumió nuevas competencias, pero sufrió un "ajuste económico importante" de seis millones en 2012 a entre cuatro y siete, pero "el dinero constante no es el mismo".