Mejorar las rentas agrarias para igualar los salarios de los trabajadores del campo con los del resto de ocupados y evitar que la nueva PAC agrave la brecha salarial de este sector. Esta es una de las principales recomendaciones que el Consejo Económico y Social de Castilla y León pone de manifiesto en un informe publicado ayer, donde considera necesario que estas rentas agrarias cuenten con un mayor apoyo para evitar la «brecha existente» entre las retribuciones de la agricultura y del resto de la economía. Una medida que, según el mismo documento, serviría para ayudar a mejorar la viabilidad de las explotaciones y al mantenimiento del medio de vida en el mundo rural. Este apoyo, según el CES, debería ser diferenciado en función de la proporción de los ingresos totales que suponen los ingresos agrarios y la orientación del territorio, de modo que el apoyo sea mayor para aquellas explotaciones profesionales en la que el esfuerzo sea mayor.
Y es que recuerdan que en Castilla y León, la rentabilidad de un porcentaje elevado de explotaciones «depende de las subvenciones percibidas», lo que hace pensar que, un cambio en el sistema de ayudas de la PAC «puede generar un proceso de desestabilización y, en muchos casos, podría aumentar la brecha entre las rentas percibidas en la agricultura respecto a los salarios del resto de la economía».
El informe del CES también pone el punto de mira en la situación que atraviesa el campo a raíz de la guerra de Ucrania y la crisis de insumos y energía, ante lo que hace una llamada para apostar por una «mayor autonomía» de la industria agroalimentaria de la Comunidad para «reducir el grado de dependencia con respecto de sus proveedores de materias primas y energía del exterior».
En este sentido, insta a diversificar y asegurar las fuentes de suministro de los inputs productivos esenciales, para minorar el impacto negativo de crisis como la acaecida por la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa.
Además, el Consejo Económico y Social también reclama que se replanteé el modelo productivo para incorporar una «visión estratégica» que considere el mantenimiento a largo plazo de la capacidad productiva del sistema agrario, con el fin de garantizar el abastecimiento de la cadena agroalimentaria en graves situaciones de crisis, a través de actuaciones sobre el capital humano y físico que garanticen la seguridad alimentaria que permita proporcionar a todos los ciudadanos alimentos suficientes, sostenibles y de calidad, según informa la Agencia Ical.
Estas son las tres principales conclusiones de la reflexión final elaborada por el CES en su informe de 2022 sobre el sector agroalimentario en Castilla y León, que apuesta por incorporar la autonomía y la seguridad alimentaria como variable estratégica de la política agroalimentaria ante situaciones externas como el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, «dos productores de materias primas con los que la Unión Europea mantiene relaciones comerciales», y el incremento de los precios de las materias primas y la energía a lo largo del último año.
Tensiones inflacionistas
Situaciones que, como apunta el CES, han llevado a «tensiones inflacionistas que afectarán a todas las etapas de la cadena de valor para la práctica totalidad de las ramas de actividad prioritarias de la industria agroalimentaria de Castilla y León», en especial a la fabricación de piensos, elaboración y procesado de productos cárnicos, fabricación de quesos y leches, repostería de larga duración y fabricación de azúcar, y ante los que, a corto plazo, el CES plantea «políticas de relajación fiscal y promoción del empleo orientadas a minimizar los efectos de la espiral inflacionista».