Un total de dieciséis de los veintitrés detenidos en la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas desplegada en marzo de 2018 en las provincias de Valladolid, Segovia y Zamora ha ratificado este martes el acuerdo alcanzado con la fiscal del caso para asumir un conjunto de penas de cárcel que se elevan a 32 años y multas por importe global que superan los 100.000 euros.

Todos y cada uno de ellos, junto con sus respectivos letrados, han ido dando el sí a las penas pactadas a la baja por delito de tráfico de drogas, de las que causan grave daño a la salud y las que no; por pertenencia a grupo criminal--no todos han sido condenados por dicho delito--, mientras que tan solo uno de ellos ha asumido otro a mayores por tenencia ilícita de armas, con lo que las condenas oscilan entre un año y tres meses, la recaída el más beneficiado, y los tres años del mayor penado. Las multas, por su parte, se sitúan entre los 150 y los 66.000 euros.

Con posterioridad a la oficialización de la sentencia de conformidad con dieciséis de los implicados, el juicio ha proseguido contra otros seis--la fiscal les pide entre seis y siete años de cárcel--que se han negado a asumir su culpa, entre ellos Rafael, líder del 'clan de los Varela', mientras que un séptimo encausado, Daniel S, permanece en busca y captura y es precisamente la persona de la que partió en septiembre de 2027 la investigación a raíz de los 'pinchazos' practicados a su teléfono móvil por parte de la policía.

La vista oral ha continuado a pesar de que el letrado de Rafael V. invocara ante la sala, entre otras irregularidades, tanto la nulidad del auto que autorizó dichas escuchas telefónicas, al considerar que las mismas se iniciaron de forma "absolutamente desproporcionada" y de forma "prospectiva", como también del auto de entrada y registro en el domicilio de su cliente, su hijo y el yerno en Tudela de Duero, cuestiones previas que el tribunal ha advertido que analizará en la sentencia.

En su declaración, el supuesto jefe del 'clan de los Varela', Rafael, a igual que su hijo, Manuel, y su yerno, Ernesto I ('Mimi'), han negado de plano dedicarse al tráfico de drogas y el primero de todos ellos ha enmarcado en el ámbito de la construcción y 'chapuzas' distintos términos tales como "tejas", "mantas" o "grifo" recogidos en las escuchas telefónicas de conversaciones mantenidas entre él y otros de los acusados.

PRESTAMISTA Y "ARREGLADOR" DE CONFLICTOS

Sobre sus medios de vida, Rafael, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha definido como una "persona muy seria y muy correcta" dedicada al sector de los préstamos, aunque también ha explicado que percibía rentas por el alquiler de un bar y una vivienda de su propiedad y comisiones por asegurar el cobro de deudas para terceros, así como lo que obtenía por la venta de vehículos de ocasión y por su intermediación entre feriantes como "arreglador" de conflictos.

En su relato sobre el origen de las ganancias ha incluso reconocido que en alguna ocasión, cuando alguna persona a la que había prestado dinero no afrontaba la deuda o bien cuando actuaba como cobrador para terceros, había tenido que ponerse serio. "Si no pagan me enfado, voy a por ellos y les subo los intereses", ha añadido sin especificar los métodos finalmente utilizados para garantizarse el cobro.

El encausado también ha reprochado los medios utilizados por la policía para registrar su vivienda en marzo de 2018 en Tudela de Duero en la que los agentes se incautaron de más de 32.000 euros y, entro otros efectos, tres papelinas de cocaína. "Pensé que nos estaban robando y tiré el mando de la tele a uno de los policías. Nos sacaron a todos esposados como si fuéramos delincuentes", se ha quejado.

En cuanto al dinero, Rafael V. ha asegurado que es un dinero de su hija para "adquirir vehículos de alta gama" de segunda mano que luego vendía y con respecto a la droga ha explicado que alguien ajeno a su familia las había llevado a casa durante la celebración de su fiesta de cumpleaños. También tenía explicación para los 1.400 gramos de una sustancia que la policía considera para cortar la droga y que el acusado mantiene que era una preparación que había hecho su esposa para echar alrededor de la casa y así evitar que entraran los "bichos".

El juicio prosigue los próximos días. La investigación comenzó en septiembre de 2017 cuando se detectó, tanto en la provincia de Valladolid como en otras limítrofes, algunos movimientos sospechosos alrededor del 'clan de los Varela', conocidos de los investigadores por tener antecedentes por tráfico de drogas.

En concreto, el referido clan estaba liderado por Rafael V.G. e integrado por Manuel V.M, hijo del anterior; un sobrino de éste, José V.G, y su yerno, Ernesto I ('Mimi').

Muy vinculados a éstos, siempre según la tesis del fiscal, figuraban otros de los ahora encausados--Jesús R.R. ('Chule'), Carlos E, Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), Juan Carlos I, Daniel S, Jesús R.R, José Ángel M. y Julio P--que, si bien no son familia directa, colaboraban con los anteriores en labores de almacenamiento y distribución de cocaína, MDMA y cannabis que les suministraban.

En un plano "claramente inferior", y en labores totalmente "subordinadas" al 'clan de los Varela', la acusación pública incluye al resto de los acusados pertenecientes al denominado 'clan de Santovenia', en referencia a Iñaki R, Aitor A.N, Jonathan V.P. ('Will' y 'Sica'), Javier L.N, Alberto L.N, Daniel M, Dionisio A.P, Alejandro M.M. y Ángel B.P.

UNA TREINTA DE REGISTROS

Así, la madrugada del 19 de marzo de 2018 se llevaron a cabo 28 registros simultáneos en un amplio despliegue policial de 190 agentes, siendo dos de ellos en Zamora y Segovia y el resto en Valladolid capital y provincia, concretamente en las localidades de Tudela, Laguna, Aldeamayor, Santovenia y Villabáñez. Posteriormente se realizaron otros cuatro registros más.

Debido a la peligrosidad del grupo delictivo, el dispositivo contó con la presencia del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos y decenas de agentes pertenecientes a la Brigada Central de Estupefacientes y a la comisaría provincial de Valladolid.

En total, los investigadores hallaron unas 800 plantas de marihuana, más de 49.000 euros en efectivo oculto en cajas de zapatos, un kilo y medio de ketamina, 107 gramos de cocaína, una decena de armas largas, dos pistolas, varias armas cortas detonadoras, diecinueve vehículos--algunos de lujo como un Porsche Panamera, un Bentley, Mercedes y BMW-- y multitud de efectos relacionados con esta actividad delincuencial.