Tras 25 sesiones intentando depurar las responsabilidades políticas derivadas del presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, la comisión Kitchen echa el cierre con pocas dudas despejadas y el reiterativo mensaje de los exdirigentes del PP, insistiendo en que no tuvieron nada que ver con aquello.
Han sido nueve meses en los que se han recabado testimonios policiales -la mayoría- y políticos sobre la supuesta trama urdida en 2013 con medios y fondos reservados del Ministerio del Interior para hacerse con información en poder del entorno del extesorero que podría comprometer a los populares. Ahora sus señorías tendrán que presentar las conclusiones del proceso. Lo harán en principio el día 20, para debatirlas el 22.
Diez de los 37 comparecientes están procesados en la causa del juez Manuel García Castellón. De hecho, los principales investigados casi simultanearon sus citaciones en la Audiencia Nacional con la llamada del Congreso. La mayoría se aferraron al desconocimiento del operativo, muchos optaron por el silencio escudados en el proceso judicial, otros se limitaron a reafirmar lo dicho ante el juez y solo unos pocos dieron detalles de una trama que mantiene aún más sombras que luces.
Semana tras semana, los diputados trataron de desentrañar -a veces en sesiones maratonianas y tediosas- esta presunta operación, y lo hicieron, precisamente, en paralelo a la investigación judicial, que culminó el pasado julio, aunque está a la espera de recursos como el que pide que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal vuelva a estar imputada.
Los políticos fueron los últimos en acudir a la Cámara Baja y su testimonio no sirvió para colocar las últimas piezas del puzle de la trama, porque ninguno reveló nada. Es más, dos de los procesados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su segundo, Francisco Martínez, negaron tanto las acusaciones que pesan sobre ellos como la trama.
A ambos defendió el expresidente Mariano Rajoy en un alegato a la presunción de inocencia salpicado de reproches a los diputados por dar credibilidad a Bárcenas -condenado por la Gürtel- y al comisario José Manuel Villarejo, epicentro de una operación que dijo desconocer y cuya existencia cuestionó hasta que haya una sentencia firme.
Tampoco lograron los portavoces sonsacar ningún detalle al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, en el punto de mira de la Fiscalía, aunque no ha sido llamado ni como testigo. En las dos veces que acudió al Congreso no se cansó de repetir que no tuvo nada que ver.
De la veintena de policías comparecientes, nueve están procesados, entre ellos Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado como confidente policial y que acabó ingresando en la Policía, y el antiguo asesor de Cospedal, el inspector Andrés Gómez Gordo, protagonista en la operación por la relación con Ríos. Ambos optaron por el mutismo absoluto.
Mientras, Villarejo, investigado en esta y otras 30 piezas abiertas en la Audiencia Nacional, visitó dos veces la comisión y dio detalles de la Kitchen dirigidos a inculpar a la cúpula del PP. Los diputados recelaron de sus afirmaciones y varios le espetaron que su relato podía ser «inventado» porque había «cosas que no casaban».
Algunas de sus acusaciones fueron rebatidas por los protagonistas. Por ejemplo, tanto Rajoy como Fernández Díaz, como el director de la Policía, negaron que le conocían y que se habían reunido con él. Sin embargo, VIllarejo llegó a afirmar que tuvo contacto directo con el expresidente para hablar de detalles de la operación.