La Consejería de Economía y Hacienda publicó este jueves en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León la consulta pública que inicia el procedimiento legislativo para la aprobación de una ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica.
Según recordó hoy la Junta, la futura legislación tiene como objetivo aprobar una serie de rebajas impositivas "en respuesta a la crisis, al impacto que la inflación está teniendo en el incremento de los precios de bienes y servicios, a los altos precios de la energía como consecuencia del cierre precipitado de minas y centrales térmicas y ante la imposibilidad de llevar a cabo una transición energética ordenada".
Asimismo, la nueva ley pretende "dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos; a los problemas de desabastecimiento de componentes, materias primas y suministros que sufren empresas y autónomos; y a una deuda pública elevada que condiciona el futuro de las cuentas públicas".
En este contexto, agravado por la invasión militar rusa a Ucrania, esta ley permitirá poner en marcha una serie de iniciativas para contribuir a establecer un marco que impulse la recuperación económica de la Comunidad. Entre otras medidas, con la bajada selectiva de impuestos como fórmula para dinamizar la actividad económica; incentivar la inversión, el ahorro y el consumo; consolidar la recuperación económica; mantener y facilitar la creación del empleo; y mejorar la situación de muchas personas, familias y empresas afectadas por la pérdida de poder adquisitivo y la alta inflación.
Bajada del IRPF
Con la aprobación de esta ley, la Junta pretende poner en marcha, con efectos desde este mismo ejercicio, una reducción de medio punto en el primer tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF, pasando del 9,5 al nueve por ciento, lo que supone una rebaja del 5,3 por ciento. De esta forma Castilla y León se situará como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF. Esta rebaja fiscal, que beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad al afectar al tramo más bajo de renta, supondrá un aumento de la renta disponible de familias y autónomos que podrán destinar al consumo y la inversión, y supondrá "un alivio" ante la fuerte subida de los precios, especialmente a las rentas bajas y medias.
Mundo rural
Según la Junta, Castilla y León es una de las comunidades "de referencia" en la aplicación de una fiscalidad "especialmente favorable" en el medio rural y tramitará de manera "urgente e inmediata" distintas medidas fiscales.
Entre ellas, una medida de apoyo a la natalidad en el medio rural, por la que se prevé la aprobación de un incremento del 40 por ciento respecto de las cuantías generales previstas en la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción en función del número de hijos, aplicable por contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Por otro lado, una medida de apoyo al emprendimiento rural con el objetivo de atraer negocios y empresas a este medio. Así, se mejorará el tipo reducido aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados a la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural, fijándolo en un dos por ciento, frente al general del ocho por ciento.
Además, una medida de apoyo al sector agrario en el medio rural para "facilitar y reforzar" la continuidad de la actividad agraria, reduciendo "de forma significativa" la tributación por el cambio de titularidad de explotaciones agrarias, por la que se pretende aprobar en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados un tipo reducido del cuatro por ciento aplicable a la transmisión de explotaciones agrarias para agricultores profesionales frente al general del ocho por ciento.
De igual manera, una medida de impulso y refuerzo a la actividad agraria en el medio rural, por la que se pretende aprobar una bonificación del total de la cuota para los arrendamientos de fincas rústicas, de forma que se equipare su tributación a la de los arrendamientos de inmuebles urbanos.
Por último, una medida de apoyo al sector cinegético, por la que se pretende aprobar una bonificación del 95 por ciento a la tasa general por licencias de caza y pesca, y también a la específica de caza con galgo.
Asimismo, se prevé poner en marcha otras medidas como el apoyo a los trabajadores para favorecer su formación continua, y eliminar trabas económicas y administrativas; suprimir temporalmente la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación; y prorrogar un año más la congelación del importe de las tasas exigibles en la Comunidad, iniciada en el año 2014, asumiendo la Junta el coste de la inflación.
Según especificó la Junta, mediante esta consulta pública previa se pretende que las distintas medidas que se propone realizar puedan ser debatidas, completadas y mejoradas con la opinión y las aportaciones de los castellanos y leoneses. El plazo para realizar aportaciones a esta consulta previa finaliza a los diez días naturales de su publicación. Las opiniones se podrán incluir a través del espacio de participación de la Junta de Castilla y León.