La A-11, más conocida como Autovía del Duero, es una infraestructura vital para la cohesión territorial de Castilla y León, ya que atraviesa la Comunidad de este a oeste mejorando la comunicación entre Soria, Aranda de Duero, Valladolid, Zamora y la frontera portuguesa. A pesar de la enorme importancia para la vertebración territorial autonómica, la conversión de la N-122 en la futura A-11 es una auténtica vergüenza para los grandes partidos que han gobernado España y Castilla y León durante las últimas décadas. Si esta carretera se encontrara en otra comunidad autónoma con mayor presión reivindicativa ya estaría concluida hace muchos años, pero quizás es que aquí tenemos lo que merecemos.
Toda la planificación, tramitación y ejecución de los distintos tramos de la autovía ha sido un despropósito por parte de los numerosos responsables políticos del Ministerio de Fomento, que en todo este tiempo ha cambiado varias veces su denominación. Sin entrar en el detalle de cada uno de los tramos, que han ido avanzando de forma deslavazada, el retraso y abandono de las obras en la provincia de Valladolid sería un escándalo en cualquier otro ámbito que no fuera la administración pública. Es cierto que la tramitación y burocracia existente supone un factor retardatorio en la ejecución de una infraestructura, pero cuando se acumulan décadas de retraso el problema pasa de los procedimientos técnicos a la voluntad política.
Ninguno de los gobiernos de los últimos 20 años, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, ni con mayoría absoluta ni sin ella, han apostado decididamente por acometer esta infraestructura tan necesaria para el desarrollo del sector vitivinícola e incluso industrial en la provincia vallisoletana. De los tres tramos pendientes desde la capital hasta el límite con la provincia burgalesa, dos de ellos se encuentran en ejecución después de muchos años y muchos estudios informativos sobre el trazado que debía seguir para perjudicar lo menos posible a los viñedos y las prestigiosas bodegas que se encuentran en esta zona de la Ribera del Duero. No obstante, 20 meses después de haber adjudicado las obras entre Tudela de Duero y Olivares (diciembre de 2019) apenas se ha ejecutado un 15 por ciento (hasta agosto) y ya se empieza a vislumbrar que será complicado su puesta en servicio a finales de 2022, fecha prevista tras los tres años del plazo inicial. En similar situación se encuentran los 14,5 kilómetros entre Olivares y Quintanilla de Arriba, adjudicados en octubre de 2020 con un plazo de tres años y cuya ejecución se encontraba al 6 por ciento el mes pasado.
Las máquinas ya están sobre el terreno y, aunque sea de forma muy lenta, avanza entre viñedos hacia una autovía que ya debía llevar en servicio una década. Sin embargo, es aún más indignante lo que sucede con el tercer tramo, el que une Quintanilla de Arriba con la burgalesa Castrillo de la Vega. Los poco más de 30 kilómetros que separan ambas localidades llevan una vida esperando una tramitación totalmente paralizada. Tanto que la declaración de impacto ambiental (DIA), requerimiento necesario para iniciar la elaboración del proyecto y posteriormente la adjudicación de las obras, caducó en una ocasión y está a punto de hacerlo por segunda vez. La aprobada a finales de 2006 perdió su vigencia en el verano de 2012 al no haber dado comienzo las actuaciones incluidas en el estudio informativo, por lo que se realizó una nueva DIA, publicada en el BOE en octubre de 2017 y que está a punto de caducar sin que se haya movido un papel en el Ministerio, que se ha visto obligado a pedir una prórroga de dos años. Si el asunto no fuera tan serio, sería para hacer chistes con ello.
Y lo peor de todo es que no se ve voluntad política, ni partida económica en los presupuestos generales del Estado (habrá que ver en 2022), para adjudicar las obras del mencionado tramo antes de dos años, con lo que mucho me temo que decaerá la vigencia de la declaración y habrá que volver a empezar. Y todo esto sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza.