Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora comenzaron en octubre del pasado año con la instrucción de diligencias encaminadas al esclarecimiento de una supuesta falsificación en un contrato de compraventa entre particulares de un vehículo a motor.

A raíz de la infracción administrativa notificada a la antigua propietaria de un vehículo por no haberlo sometido a la inspección técnica periódica, ésta alegó que a fecha de la denuncia había vendido su vehículo a otra persona, acreditándolo con la aportación de con un contrato de compraventa que difería del obrante en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.

En la investigación realizada, los agentes constataron que la propietaria original, con residencia en Madrid, vendió su vehículo mediante contrato de compraventa formalizado, a una segunda persona y ésta a su vez lo vendió a una tercera persona con residencia en una localidad de Zamora. Para ello también formalizaron un contrato de compraventa que nunca llegó a entregarse en la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que el único que consta es el realizado por la propietaria original con la madre del residente en Zamora y que fue presentado en la Jefatura Provincial de Valladolid. No obstante, desde la Guardia Civil se aclara que ambas mujeres nunca llegaron a estar en contacto entre ambas para realizar tal gestión.

El pasado día 17 de marzo, el Instituto Armado dio por finalizadas las diligencias tras la investigación del último de los tres posibles responsables de un delito de falsedad documental, falsificación de contrato de compraventa y mandato de representación, como cooperador necesario a gestor administrativo de una gestoría en Valladolid, dada la existencia de este contrato de compraventa falsificado así como de un mandamiento de representación a favor del gestor con la firma falsificada de los intervinientes, siendo las otras dos personas investigadas las que tienen su residencia en la provincia de Zamora, actuales propietarios del vehículo en cuestión.

Todos los investigados, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid. Desde el Instituto Armado se recuerda que por estas conductas delictivas el vigente Código Penal recoge penas de prisión de seis meses a dos años.