La Ley de Seguridad Ciudadana ya acumula en Valladolid 13 millones de euros recaudados y más de 22.000 sanciones en sus siete años de vigencia tal cual fue concebida en 2015. La mayoría de las multas son por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, una de las aplicaciones más habituales de esta norma y la que más dinero ha venido reportando a las arcas públicas, a un ritmo medio de 1,2 millones anuales.
Mucho menos se ingresa a través de las sanciones por desobediencia y falta de respeto a las fuerzas de seguridad, aunque estos sean, precisamente, los dos conceptos que se encuentran ahora en el ojo del huracán. Esta ley fue aprobada por un Gobierno del PP y ahora se va a modificar por uno del PSOE (y Podemos) entre severas críticas de los sindicatos y organizaciones profesionales que representan a policías y guardias civiles, quienes advierten de que los cambios que se promueven la convertirán, según dicen, en una «ley de inseguridad ciudadana».
En efecto, las variaciones que más controversia generan son las que apuntan a una limitación de la capacidad punitiva de las fuerzas de seguridad en todo lo relativo a la faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad, dos de los aspectos más criticados de la denominada 'ley mordaza' y a los que cada vez estarían recurriendo más los agentes para hacerse respetar en sus intervenciones.
Esa parte del articulado fue siempre objeto de la crítica de los colectivos sociales cercanos a los dos partidos que están ahora en el poder, por lo que la reforma va en esa línea, aunque sin terminar de encontrar todo el consenso que se necesita ni en el seno del propio Ejecutivo ni en los socios políticos habituales de Pedro Sánchez (PNV, ERC, Bildu...).
Los que se oponen a la versión actual de la Ley 4/2015 justifican la necesidad del cambio también en ese aumento de las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a las fuerzas de seguridad, ya que, tras la pandemia, son las infracciones a la 'ley mordaza' que más se han incrementado. Lógicamente, hubo una enorme subida en 2020, un año plagado de restricciones para luchar contra el coronavirus que debían ser vigiladas, pero una vez acabada aquella etapa, las estadísticas no han vuelto a las cifras que había en prepandemia.
24 a la semana
En el caso de Valladolid, el último informe que ha hecho público el Ministerio del Interior llega hasta 2021, un año en el que se duplicaron las multas por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad en comparación con 2019, hasta el punto de que se dio una media de 24 infracciones de este tipo cada semana y que suponen ya un tercio del total: 3.685. Así, los datos recabados por El Día de Valladolid hablan de 1.258 sanciones por los dos conceptos, mientras que en 2019 fueron 538, por los 553 de 2019 y los 629 de 2017.
Lo que más sube es la aplicación del artículo 36.06, el relativo a las desobediencias. El último dato de Valladolid habla de 659 sanciones, por las 219 de 2019, 247 de 2018, 252 de 2017 y 251 de 2016. Esto es el triple de lo normal, pero no es nada comparado con lo que llegó a aplicarse en el pandémico año 2000, cuando se impusieron 3.888, con 2,6 millones de recaudación.
Pero también aumenta el uso del artículo 37.04, el que castiga las faltas de respeto a los agentes de la autoridad y por el que se tramitaron 599 denuncias, incluso más que en 2020 (año en el que fueron 458) y que prácticamente es el doble que antes de la entrada en escena de las restricciones sociales derivadas del coronavirus: 319 (en 2019), 306 (2018), 377 (2017) y 333 (2016).
Son estos dos conceptos los que arrastran al repunte registrado en las infracciones (totales) contra la Ley 4/2015, que llegaron a esas 3.685, con algo más de dos millones de euros de recaudación. Este es el dato más elevado a excepción de lo ocurrido en el extraño 2020, cuando esa acumulación de faltas de respeto y desobediencia a los agentes y a las restricciones llevó la cifra anual hasta las 6.774 multas, con 4,2 millones de ingresos para las arcas públicas.
Con anterioridad al estallido de la pandemia, la 'ley mordaza' solía dejar poco más de tres mil multas al año y en torno a 1,8 millones de euros de recaudación. Y siempre con las drogas como infracción más habitual, seguida por los casos de desobediencia y falta de respeto a los agentes que, prácticamente, 'empataban' con las sanciones por portar armas prohibidas, que sigue dejando 400 casos anuales y una recaudación de 250.000 euros.
El triple de okupaciones
El informe del Ministerio del Interior también pone de manifiesto otro incremento de sanciones, el de las okupaciones de viviendas, que se han triplicado, al pasar de las 20 de 2019 a las 66 del último año que se recoge. La lista de sanciones por saltarse la Ley 4/2015 se completa con otras multas menos numerosas, pero que también dejan un goteo de otros casos en Valladolid: 36 por hacer botellón, 24 por desórdenes públicos, 15 por dañar inmuebles y hasta dos por concertar servicios sexuales cerca de zonas infantiles.