El riesgo de pobreza en Castilla y León aumentó después de tres años de bajadas y se sitúa en el 16,1 por ciento de la población, 0,5 puntos más, lo que se traduce en unas 388.000 personas que tienen ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la media española. De igual forma, la privación material severa también se incrementa tras seguir la misma línea en los últimos ejercicios y alcanza al 1,9 por ciento de la población, un 0,9 por ciento más, que no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico (como irse de vacaciones al menos una semana al año, tener una comida de carne o pescado cada dos días o mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Unas cifras que se desprenden del informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, elaborado por la European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) EAPN España, presentado ayer con motivo de la celebración, hoy, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

Así, con estos indicadores e incluida la baja intensidad de trabajo, que llega al 8,8% de la población, la tasa europea AROPE que recoge estos tres indicadores para medir la pobreza se sitúa en Castilla y León en el 19,5 por ciento, un 1,1 por ciento más que el anterior ejercicio, lo que supone 468.000 personas (446.347 el año anterior) -también sube después de tres años-.  Esta cifra es 6,6 puntos inferior a la media nacional (26,1).  

Según los datos del informe, presentado por el presidente de EAPN en Castilla y León, Óscar Castro, junto a la responsable técnica, Noelia Martínez, y la vicepresidenta de la Red, Mar Fresno, unas 388.000 personas (el 16,1 por ciento de la población) están en riesgo de pobreza en la Comunidad, es decir, tienen ingresos por unidad de consumo inferior al 60 por ciento de la media española. Unas cifras que llevan a Castilla y León a romper así su proceso de reducción de la tasa de pobreza, que se mantuvo por espacio de tres años, informa Europa Press.

Sin embargo, la pobreza severa -que supone ingresos por debajo del 30 por ciento, es decir, 370 euros- se sitúa en el 2,6% (62.000 personas), lo cual mejora un 1,4 por ciento, tasa que supone menos de la mitad de la media y la cuarta más baja de todas las comunidades. 

Dificultad a final de mes

Los datos del informe muestran un aumento de la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes, tanto en lo que se refiere al total de personas que experimentan dificultades, que pasó desde el 39 al 43,1 por ciento, como en lo relativo los grupos que lo hacen «con dificultad» y «con cierta dificultad». El grupo que experimenta «mucha dificultad» para llegar a fin de mes se reduce levemente. 

Martínez explicó la importancia de la «tendencia» que marca los datos, dado que a pesar de que los datos macroeconómicos son buenos, incluso con subida del PIB y sin contar con la subida del IPC, no mejoran los datos de pobreza, de manera que las medidas económicas no llegan a la estructura de la misma y mantiene. 

Así, insistió en que una mejora económica o de los datos de empleo no conllevan una mejora de la capa más empobrecida de la sociedad, ante lo que ha reclamado políticas inclusivas que aborden estas cuestiones o de lo contrario se verán datos similares «año tras año». 

Corregir asimetrías

Por otra parte, según explicó la vicepresidenta de EAPN Castilla y León, Mar Fresno, es preciso «poner en marcha reformas estructurales que corrijan la asimetría del mercado, en función de la situación macroeconómica, ya que las mejoras de la situación no repercuten en la mejora de las condiciones de las personas afectadas por las diferentes capas de pobreza en Castilla y León».

A su juicio, esa reforma debe ser «intensa, transversal e integral», además de englobar los derechos fundamentales de las personas, como la educación, la salud, la vivienda y las rentas mínimas». Para lograr llevarla a cabo, la «mejor herramienta» sería usar la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo. «El perfil de la pobreza en Castilla y León es amplio y variado, y ha cambiado. La mejora de los datos del PIB y del empleo no sirven para mejorar la situación de pobreza en Castilla y León, por la tipología de empleos que se crean, que en muchas ocasiones no permiten a las personas mejorar su situación», explicó Fresno.