La comunidad educativa de Valladolid está dividida. La fractura ocasionada por la conocida como Ley Celaá es total, con opiniones completamente contrapuestas entre los padres, los docentes y las propias administraciones. Como suele ocurrir cada vez que un Gobierno aprueba una nueva ley educativa, ésta será la octava en democracia, se ha abierto un tremendo socavón entre aquellos que defienden la educación concertada y privada y los que se ponen del lado de la enseñanza pública. 
En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha levantado la voz contra la nueva normativa. La consejera, María Rocío Lucas, apunta que   elimina la ‘demanda social’, o lo que es lo mismo, «la libertad de los padres a la hora de elegir un tipo de educación para sus hijos. En este aspecto la ley considera a la red concertada subsidiaria de la pública, que supone una diferencia muy notable con el actual sistema. Y cercena también la libertad de elección de los padres de niños con necesidades educativas especiales. Porque aunque la ley no contempla, es verdad, el cierre de los centros de Educación Especial, los relega a un papel de apoyo a los centros ordinarios y limita la escolarización a los alumnos que requieran una atención muy especializada».
Los profesores también se encuentran divididos. El director del colegio Jesús y María, Domingo Cano, indica que su mayor preocupación es la capacidad de la administración para la administración de plazas al ser la concertada subsidiaria de la pública. «No estamos en igualdad y es nos deja con muchas posibilidades de perder nuestra financiación». Considera que ataca a la libertad de cada una de las familias y también «a la libertad de conciencia». «Nuestro proyecto educativo no se podría llevar a cabo». 
Por su parte, la directora del CEIP José Zorrilla, Clara Palencia, mostró una mayor indiferencia sobre los cambios, aunque sí indicó que les podrá afectar en el cambio de los currículum y del material escolar. «Los profesores tendrán que cambiar de nuevo las asignaturas y los libros y eso supondrá más trabajo. Eso, teniendo en cuenta nuestra situación administrativa, va a ser muy complicado». Por ello, Palencia apuntó la necesidad de que se alcance «un gran pacto por la educación» de una vez por todas.  
los padres. Las diferencias son palpables entre las asociaciones de padres y madres. Las familias de las concertadas y privadas entienden que se ha negociado con la educación de sus hijos para sacar rédito político o para pagar apoyos y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. «Deseamos la derogación de esta ley, que se vuelva a un clima de convivencia democrática sana, que esté dentro de la pluralidad, sin etiquetas y sin tomar partido». 
Por su parte, los padres y madres de la pública entienden que la ley era necesaria y que favorecerá los recursos de la educación pública. «Elimina la LOMCE, que no le gustaba a nadie», comentan.

DIRECTORES 

Enfado de los privados porque entienden que les quitarán plazas

Los directores de los centros concentrados están haciendo concentraciones todos los miércoles en señal de protesta por el anteproyecto de ley. Entienden que los padres no podrán escoger sus colegios de forma libre y que este tipo de educación será «residual» al estar sujeta a las necesidades de la pública. Por ello, solicitan que se eche atrás el proyecto de ley y que definitivamente no se apruebe. Domingo Cano es el director del Colegio Jesús y María. «Lo que más nos preocupa es el derecho de admisión de los alumnos». Por su parte, en la pública muestran mayor «indiferencia», aunque sí se muestran preocupados por los cambios de currículum y de material didáctico que puede traer la ley. «Debería haber un gran pacto por la educación entre todos los partidos. No es normal que haya este tipo de cambios cada poco», comenta la directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria, José Zorrilla.    

PADRES

Puntos de vista completamente diferentes entre las ampas

Ni un solo punto de vista común entre las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros concertados y privados y de los públicos. Los primeros afirman que la ley es «un ataque al núcleo familiar al que relega exclusivamente al ámbito educativo y le saca del ámbito de la enseñanza, donde las familias también tenemos mucho que opinar. Es una intromisión a la economía familiar, a las decisiones estrictamente del hogar, a sus elecciones y, sobre todo, un agravio a la conciliación». Por su parte, los segundos consideran que «ya era hora de acabar con la legislación actual, que no gustaba a nadie». También se mostraron satisfechos por el hecho de que la nueva ley favorezca destinar recursos a la escuela pública en detrimento de la concertada. «No se van a dar más conciertos de los ya existentes y eso es un paso hacia adelante». «No se van a crear más colegios concertados mientras haya sitio en los públicos y eso siempre es algo bueno. Representa un claro impulso a la educación pública y eso siempre es bueno».