¿A alguien le importa que la Administración estatal, autonómica y municipal funcionen? Al personal sanitario le aplaudimos y se le reconoció su enorme esfuerzo durante la pandemia, pero después quienes tenían que haber demostrado que les preocupaba, se han desentendido de ellos.
Desde hace años sabemos que iban a faltar médicos y enfermeras, pero no se ha hecho ni se hace nada. Es un problema nacional, pero solo hay protestas donde gobierna el PP y, sobre todo, en Madrid, que tampoco ha afrontado el problema como debía.
Los secretarios judiciales se han puesto en huelga y, a pesar de que se han suspendido cerca de 150.000 juicios, han sido ignorados por el Ministerio de Justicia durante más de veinte días. Tras la pandemia, ha sido, y es, casi imposible conseguir una cita en la Seguridad Social para tramitar una pensión o, simplemente obtener una información. Igual que en el Servicio Público de Empleo (SEPE) donde, además, se despidió a más de un millar de interinos.
Tanto el Ingreso Mínimo Vital como los Fondos Europeos se están tramitando con lentitud e ineficacia porque, al parecer, faltan funcionarios preparados. La fiebre por las letras del Tesoro no solo agotó las citas hasta abril, sino que provocó largas colas en el Banco de España. Lo mismo podemos decir de otros colectivos, como el de la enseñanza o las fuerzas del orden. Y aunque les han subido el sueldo un 9,5 en tres años, la situación de interinidad en las Administraciones públicas es, prácticamente, el doble que en la empresa privada.
Uno de cada dos empleados públicos son interinos. De hecho, el mayor empleador del país, la Administración -hay además más de 4.000 empresas públicas entre todas las Administraciones- no cumple lo que exige a los demás. Desde enero de 2020 se ha creado en España 133.415 nuevos empleos -45.000 este año-, lo que evidentemente ha servido para sanear las cifras del empleo, pero casi ninguno es funcionario. De hecho hay 1.142 funcionaros menos que hace tres años y los eventuales han aumentado un 12 por ciento. Y eso pasa igual en las Administraciones autonómicas. ¿Tenemos muchos o pocos funcionarios?
Por las protestas, falta personal sanitario, profesores, jueces, etc. Y, seguramente es verdad. Pero es que ni siquiera sabemos de verdad cuántos funcionarios hay en España, cuántas duplicidades innecesarias y si todos son o no necesarios. Según el Instituto Nacional de Estadística hay casi tres millones y medio entre todas las Administraciones. Según el Ministerio competente, son 2.731.117. Una "leve" diferencia. En 2007, casi el sesenta por ciento eran funcionarios de carrera -con una oposición- siete puntos más que ahora. En los últimos diez años, el número de funcionarios de carrera se ha reducido casi un 13 por ciento. Y el Gobierno, de acuerdo con los sindicatos ha acordado "aligerar" las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y facilitar la promoción interna de funcionarios por la puerta de atrás.
Casi todos, incluidos los funcionarios, opinan que las tres Administraciones funcionan mal y no por culpa de los funcionarios sino por falta de una reforma que la modernice, la haga eficiente y apruebe una carrera profesional estable. Tampoco se van a aprovechar los Fondos Europeos para ello. Rajoy adelgazó el sector público en 300.000 personas, pero no mejoró nada. Sánchez ha incrementado el número de Ministerios y de personal interino, va a eliminar el 80 por ciento del temario y las pruebas más exigentes en el acceso y, eso sí, ha duplicado el número de asesores que le sirven en La Moncloa.
En lugar de analizar lo que necesitamos, lo que nos sobra, cómo mejorar la calidad de la atención al ciudadano, como modernizar la función pública y avanzar en la digitalización, sólo aumenta el gasto estructural. Tenemos una Administración pública envejecida -con altas tasas de jubilación en los próximos años-, anticuada, sometida a los caprichos de los políticos, con una altísima temporalidad y que no funciona. Y de eso no hablan ni el partido que gobierna ni los que están en la oposición. Y, como en casi todo, pagan los ciudadanos doblemente: con sus impuestos y no recibiendo los servicios que necesitan. No es solo cuestión de gastar más; sobre todo es de gastar bien.