Los procuradores de Partido Popular y Ciudadanos, a los que se sumó Vox, tumbaron ayer la toma en consideración de la proposición de ley socialista para la modificación de la ley de publicidad institucional. El PSOE proponía contar con unos criterios claros y más controles, mientras que populares y naranjas lo consideraron una iniciativa «inoportuna» por no esperar a las conclusiones de la comisión de investigación del plan de medios y a un trabajo encargado a la AIReF.

La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, que contó con el apoyo de Podemos y la abstención de UPL y XAV, manifestó que la reforma es «necesaria y no se puede demorar más» y reconoció que la ley de Publicidad Institucional gozó de un acuerdo de mínimos, pero afirmó que el PP eliminó algunos órganos de planificación y seguimiento, como la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, a la vez que pidió la toma en consideración de su propuesta para buscar consenso.

La reforma propuesta, como explicó, se centra en crear la mencionada comisión como encargada de planificar las campañas de publicidad institucional y «que no sea un secretario general quien diga lo que toca en cada una de las consejerías». También, en unos criterios objetivos de contratación, entre ellos el 60 por ciento de la audiencia de los medios o su impacto en la población.

«No hay criterios objetivos ni escritos ni verbales», aseveró, convencida de que hay que dar garantías legales en la publicidad institucional a los medios de comunicación al considerar que en este momento rige más «la discrecionalidad». A ello, unió un desequilibrio en el reparto entre los medios, donde se refirió expresamente a la radio y diarios digitales, según informa Ical.

Podemos apoyó la modificación y actualización de una ley de 2009, que no ve «mala» pero sí su ejecución al eliminar controles por parte de quien gobierna, explicó la procuradora Laura Domínguez, que también respaldó avanzar en transparencia y preguntó si Ciudadanos ha cambiado la publicidad institucional más allá de dar a conocer el reparto en 2019. 

Por su parte, la procuradora naranja Alba Bermejo afirmó que la reforma llega tarde porque la Consejería ya trabaja en criterios objetivos para blindar a los medios de comunicación ante «injerencias políticas» y «velar por los periodistas».

Asimismo, defendió que con la entrada de Ciudadanos se ha producido un cambio en el reparto y en la transparencia de la publicidad institucional.

En la misma línea, la popular Leticia García consideró «lógico» esperar a las conclusiones de la comisión de investigación y al estudio encargado a la AIRef, enmarcó la reforma en «el postureo», defendió la ley «pionera» de 2009 y estimó que la propuesta socialista «no mejora nada, carece de rigor» e invade competencias.

Tras escuchar los argumentos de PP y de Cs, Barcones concluyó que ambos partidos no quieren que nada cambie, argumentó que la comisión de investigación determina responsabilidades políticas y criticó que de 80 millones de publicidad institucional, solo 3,2 fueron a Sanidad para sus campañas informativas a la población.

«Lecciones ninguna», replicó Bermejo, que apuntó a 28 millones para «propaganda» del Gobierno, al que tildó de «incumplidor» con la transparencia, mientras que Leticia García pidió al PSOE que «no engañen». «No quieren mejorar, quieren hacer discursos» en una «política de escaparate», aseveró.

Por último, Fátima Pinacho (Vox) valoró que exista un control en la publicidad pero no compartió que se creen más órganos.