Situación muy comprometida en la Mancomunidad Zona Norte de Valladolid. Los 36 municipios que componen esta asociación para la prestación de servicios no han tenido más remedio que aprobar un estudio de viabilidad económica-financiera ante la situación de «riesgo de impago de los costes salariales de los trabajadores». Es decir, ante la posibilidad de que sus cinco empleados no puedan percibir sus nóminas. La dirección de la Mancomunidad, con su presidente, el alcalde de Ceinos de Campos, Ricardo Collantes, a la cabeza, convocó una asamblea de concejales (un pleno) el pasado 12 de enero donde se incluyó este punto en el orden del día. 

Estas dificultades económicas son nuevas para muchos. Algunos alcaldes confirman que la situación no la conocían hasta ahora y aseguran que en ninguna otra reunión de concejales se había puesto en conocimiento de los pueblos. «En las reuniones anteriores no se había dicho nada», asegura el alcalde de Mayorga, Alberto Magdaleno, quien califica la gestión de la mancomunidad como «calamitosa» durante este mandato. El presidente, Ricardo Collantes, apunta que esta situación se debe al aumento considerable de los costes del servicio de recogida de basuras, lo que ha provocado que las aportaciones anuales que realizan todos los municipios no sean suficientes para sufragar los costes.

Collantes indica que actualmente trabajan en la mancomunidad cinco trabajadores a jornada completa, más un secretario-interventor. «En ningún momento se dijo en la última reunión que los trabajadores fueran a dejar de cobrar», explica, a la vez que señala que la mancomunidad está cobrando unas tasas que se ajustaron hace más de 15 años. «Nos ha pillado sin secretario y no hemos podido hacer asambleas para actualizar los pagos hasta ahora. No se está facturando lo que se está gastando». 

El presidente aseguró la viabilidad de la mancomunidad, pero también advierte que se verán obligados a solicitar a la Diputación un adelanto de dinero para poder hacer frente a los pagos. «Habrá otra asamblea dentro de unos días», comentó en referencia a la búsqueda de una solución a la delicada situación financiera. «Durante muchos meses he solicitado a la Junta y a la Diputación que me proporcionasen un secretario y no me han hecho mucho caso».

No todos los alcaldes que componen la mancomunidad están de acuerdo con este punto de vista del presidente y achacan la situación de 'bancarrota' de la asociación al pago del despido de la antigua trabajadora que hacía las funciones de secretaria-interventora. Fue en octubre de 2021 cuando el juzgado de lo Social 1 de Valladolid dictó sentencia a favor de una empleada por hostigamiento laboral y obligaba a la mancomunidad a abonar 126.239 euros a la trabajadora técnico superior administrativo en concepto de indemnización por extinción del contrato de trabajo; además de otros 6.251 euros de indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales. 

El propio presidente aclaró que ya se ha hecho efectivo una parte de este pago, aunque se negó a concretar la cantidad exacta. Algunos regidores, aunque critican el fuerte grado de opacidad, consideran que rondará los 20.000 euros, aunque sostienen que aún faltarían por pagar cantidades importantes, como las nóminas que la trabajadora no cobró durante los últimos meses.

Así, la cantidad de dinero que actualmente existe en caja es inferior a la que se adeuda a este trabajadora, sin contar los costes existentes por el funcionamiento corriente de la mancomunidad, según afirman algunos alcaldes pertenecientes a la mancomunidad.

El regidor de Cuenca de Campos, Pablo Millaruelo, indica que se estudiará la viabilidad de la mancomunidad la semana que viene. «Ahí tendremos que analizar los costes y ver cuánto tenemos que pagar cada uno. La verdad es que no tengo todos los datos para saber si tenemos que aportar más». 

El alcalde de Santervás, Santiago Baeza, afirma que la situación de la mancomunidad es delicada al haber «poco dinero» en caja, aunque destaca que es reversible. «Se han hecho cosas mal, Ricardo el primero, pero se puede pedir un crédito a un banco, o a la Caja de Crédito de la Diputación o incluso un anticipo a Reval». «El fallo está en no haber actualizado el IPC durante todos estos años». 

Más de 3.000 euros. El alcalde de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz, es mucho más crítico con la gestión del actual presidente. «¡No tenemos un puto duro en las cuentas y encima nos vamos a gastar unos 3.600 euros en hacer un estudio de viabilidad!», afirma. Y es que el estudio que aclarará cuánto cuesta realmente la recogida de residuos tendrá un coste «muy elevado» para algunos regidores. «El presidente se ha cargado todo lo que había y nos ha metido en esta situación despidiendo a la técnico que hacía toda la labor administrativa. Nos ha metido en 126.000 euros de despido más costes adicionales. No tenemos cuentas ninguna. Tengo conocimiento de que los trabajadores han tenido problemas de cobro», puntualiza. 

No pagó el canon a la CHD, pese a que sí se lo cobró a los municipios

Otro de los puntos conflictivos que se trataron en la asamblea del pasado 12 de enero fue del pago del canon por las captaciones de agua a la Confederación Hidrográfica del Duero. Es decir, el dinero que tienen que pagar los ayuntamiento por el uso del agua de sus respectivas captaciones de los años 2019, 2020 y 2022. Se trató este punto debido a que los 36 municipios sí habían sufragado este coste, pero la mancomunidad no lo había pagado al organismo de Cuenca. Es la mancomunidad la entidad encargada de recaudar el dinero para, posteriormente, hacerlo llegar a la Confederación. Sin embargo, durante estos años sí se recaudó a los pueblos, pero no se trasladó a la CHD. Los alcaldes consultados por este periódico manifestaron desconocer por qué no se había pagado y no entendían que había podido suceder y aclararon que no se trata de grandes cantidades de dinero. El presidente, Ricardo Collantes, indicó que fue la trabajadora despedida la que decidió que este dinero no se pagara a la CHD.