Con cierto olor a quemado y una neblina procedente del humo de los incendios de provincias cercanas, me dispongo a escribir mi última carta antes del descanso veraniego. Y lo hago con tristeza y dolor por los daños que está ocasionando el fuego en una gran parte del territorio castellano y leonés. La ola de calor no ha terminado y los incendios tampoco están apagados, por lo que el peligro sigue siendo muy alto, situación en la que debemos extremar la prudencia y ser especialmente cuidadosos en nuestras actividades en el medio rural o forestal. No podemos permitirnos más bosques quemados ni más pueblos desalojados ni más brigadistas o ganaderos muertos.
Cuando apenas hemos sobrepasado un tercio del verano ya se han quemado más de 75.000 hectáreas, una barbaridad que no tiene comparación con ningún año anterior por mucho que echemos la vista hacia atrás. Y lo peor es que aún quedan meses duros para los incendios, aunque quizás este año no quede ya superficie para arder.  En todo caso, hay que mantener la guardia alta y la vigilancia constante, tanto por parte de los ciudadanos como de las administraciones públicas, que son las competentes para su prevención y extinción.
Los daños han sido muy graves y muy diversos, ya que van desde la pérdida de la fauna y la flora a los perjuicios ocasionados a la agricultura, uno de los pilares de la economía castellana y leonesa. No olvido, por supuesto, las pérdidas humanas y las viviendas, granjas y naves destruidas, cuyo valor va mucho más allá del material.
Y con este panorama se ha abierto un aluvión de críticas a la gestión en las tareas de extinción de los incendios. La Junta ha recibido los dardos lanzados desde los profesionales (bomberos forestales) a los vecinos afectados, pasando por otras administraciones que se quejan de fallos en la coordinación. Desde luego, no es presentable que la petición de unidades de extinción a ayuntamientos u otras administraciones lo realice una operadora del Servicio 112 sin una petición formal por escrito ni una conversación entre los responsables políticos. Algo que sucedió en Valladolid, según contó el alcalde de la capital, Óscar Puente. 
Creo que en la vida hay que priorizar y evidentemente en estos momentos, cuando el monstruo de fuego quema nuestros bosques y pueblos, hay que centrarse en apagar las llamas, atender a los afectados y procurar el menor daño posible. Sin embargo, en cuanto esto pase hay que reflexionar y replantearse la política de prevención y lucha contra los incendios. El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, debe escuchar a los sindicatos, a los profesionales, a los habitantes del medio rural, a los ganaderos y agricultores, e incluso a los partidos de la oposición para consensuar un modelo que salvaguarde uno de nuestros más preciados bienes:el medio ambiente.
El consejero ya ha anunciado esta semana su disposición a ampliar el operativo durante todo el año, un cambio de criterio que no se produjo el año pasado cuando quedó arrasada la Paramera de Ávila, en lo que fue el mayor incendio de Castilla y León hasta entonces. Hoy ya se ha visto superado. No puede volver a pasar un año sin haber hecho nada, hay que ponerse ya manos a la obra para mejorar la prevención y la gestión del operativo. Desde luego, la primera tarea es mantener limpios los bosques y no sólo los públicos. Hay mucha superficie forestal privada, a cuyos propietarios también hay que exigir unas condiciones adecuadas.
El presidente de la Junta y el consejero de Medio Ambiente deben dar explicaciones pormenorizadas para aclarar todo lo que se ha dicho y responder a preguntas sobre lo contado en redes sociales, donde verdades y falsedades se mezclan sin filtro ninguno. Hay que aclarar bien la gestión y la coordinación, reconocer errores y mejorar con las aportaciones de todos para que nunca más vuelva a pasar. Y cuando pase que los daños se minimicen.
Feliz verano y mucha precaución.