Los contratistas insisten en que las compensaciones puestas en marcha para atajar el alza de precios en la obra pública son «insuficientes» al cubrir solo el 40 por ciento de los 300 millones del endeudamiento del sector en 2021, y advierten de que por cada millón de euros que no se paga, se pierden unos 35 puestos de trabajo. Un nuevo grito de auxilio que ayer efectuó el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que aseguró que el sector de la construcción tiene un problema «gordo» por que las obras ejecutadas en 2021 y las iniciadas en 2022, debido a la «extraordinaria» alza del coste de las materias primas, ha generado un desequilibrio en los contratos públicos.
Así, puso el ejemplo de que obras que se licitaron por un millón de euros y que, ahora, tienen un sobrecoste cercano al 25 por ciento por causas excepcionales y sobrevenidas y no previsibles durante la licitación o la firma del contrato. «Eso provoca que las empresas entren en pérdidas por que el mecanismo de revisión de precios que tenían los contratos públicos se perdió en 2005 con la ley de desindexación de la economía española», sentenció.
El presidente puso de manifiesto que la empresa habitualmente asume la subida de los precios, dentro del concepto de que las obras se hacen «a riesgo y ventura», pero destacó que esta situación tiene un «límite». «En la actualidad, se ha superado ese límite», apuntó. Y es que, según las estimaciones del sector, la aplicación de estos mecanismos compensará el 40% de las pérdidas. De esta manera, de los casi 1.500 millones ejecutados de obra pública en la Comunidad el año pasado por parte de las tres administraciones, Pascual calculó que ha habido un sobrecoste de 300 millones, lo que supone el 20%.
«Este porcentaje es insuficiente para un sector que ya perdió la mitad de su tejido productivo en la crisis económica de 2008 y afrontó niveles de endeudamiento máximo con la pandemia de la covid. Será muy difícil que pueda sobrevivir», concluyó. Hasta el punto que afirmó que las previsiones de la Cámara es que el sector que quedaba, que supone la mitad del existente antes de 2008, otro 30 por ciento va a desaparecer.
No logra los objetivos
Dentro también de la inauguración de la jornada 'Revisión excepcional de precios en el ámbito de la obra pública', la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, demandó al Gobierno de España ampliar el marco para la revisión de precios en los contratos públicos de obras tras la «fallida» previsión con la se aprobaron los dos reales decretos para favorecer a las empresas constructoras que realizaban trabajos para las administraciones. «No se puede dudar de la intención de la batería de medidas aprobadas por el Ejecutivo centro pero la diferencia entre los objetivos que se marcaron y los conseguidos es más que significativa», precisó. Así, citó los ejemplos del precio del litro de la gasolina y el gasóleo, que no ha dejado de crecer hasta situarse por encima de los dos euros, y la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio del gas que se utiliza para la generación de energía y que en los primeros días de su implementación no ha logrado frenar la escalada del precio del megavatio hora.