Dos personas han perdido la vida en sendos ahogamientos en lo que va de año en Valladolid. Son unas cifras similares a las que se han ido dando hasta este mismo mes en el último lustro, pero no por ello invitan a la relajación. Porque el estudio que hace anualmente la Federación de Castilla y León de Salvamento y Socorrismo, y que mensualmente reporta a los medios de comunicación, deja un dato claro y revelador, el 96 por ciento de los ahogamientos que se produjeron en Castilla y León el pasado 2019 fueron en espacios sin vigilancia (este 2020, la cifra llega al 100%). Por ello, piden, y esperan que pronto pueda ser debatido en las Cortes (esta semana se ha registrado una proposición no de ley por parte de Podemos) una normativa adaptada a los actuales tiempos, que haga referencia a esos espacios naturales acuáticos; y que se regule la formación de los socorristas.

«La ley que tenemos vigente es de 1992 y solo hace referencia a las piscinas. Si queremos una de espacios acuáticos naturales o playas tenemos que irnos a la de Costas. Además queremos que se regule la formación de los socorristas, con una serie de requisitos mínimos y se formen con unas garantías», señala el presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo, Ignacio Retuerto, que recuerda que ya el año pasado el Procurador del Común pidió a la Junta que se fijase un servicio de salvamento y socorrismo en esas piscinas naturales.

En Valladolid hay dos zonas de baño aptas (del 15 de junio al 15 de septiembre), según los datos de la Consejería de Sanidad. Una la de la playa de las Moreras en la capital y la otra, la conocida como ‘La Barca’ en Quintanilla de Arriba. Ambas cumplen con los requisitos y el agua es apta para el baño, aunque en la primera sí hay servicio de socorrismo y en la segunda, no. El problema es que hay otras muchas que, sin tener ese visto bueno institucional (lo deben pedir los Ayuntamientos), se usan como zonas de baño, como el embalse de Encinas –donde se ha dado uno de los ahogamientos este 2020–, las playas fluviales de Tordesillas o Peñafiel, el embarcadero de Cabezón, el embalse de San José en Castronuño... en ellas no hay ni control sanitario ni administrativo.