Una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil ha concluido esta semana con la acusación del alcalde y el alguacil del Ayuntamiento de Pollos por un delito de malversación de caudales públicos. Ambos fueron interrogados el pasado jueves en calidad de investigados por el equipo que lleva el caso, aunque no llegaron a ser detenidos, según confirman fuentes judiciales a El Día de Valladolid.

El delito que se les imputa obedece al cargo en las cuentas públicas de más de 3.000 euros en gasolina que, presuntamente, emplearon en realidad para llenar los depósitos de sus vehículos particulares durante meses. El asunto está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo.

El caso tiene su origen en una denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Pollos del Partido Popular, que llevó a la Fiscalía los supuestos pagos efectuados por el alguacil y el alcalde, el socialista Javier García Rojo. Las pesquisas desarrolladas por el equipo de investigadores de la Guardia Civil durante varias semanas han permitido confirmar las sospechas del denunciante ya que, presuntamente, habrían ido utilizando unos vales municipales para repostar gasolina para sus propios coches.

Los dos están acusados de un delito de malversación de caudales públicos que, en principio, encajaría en el artículo 433 del Código Penal, al tratarse de una cantidad inferior a 4.000 euros. En principio, se recogen penas de "prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público".

SIEMPRE PAGO CON MI TARJETA DE CRÉDITO

La versión del asunto ofrecida por el alcalde de Pollos a este periódico difiere bastante de la tesis investigadora y asegura que así lo explicó en su declaración, acompañado de abogado, ante la Guardia Civil: "Es totalmente falso que yo haya llenado el depósito de mi coche con dinero del Ayuntamiento, yo siempre pago con mi tarjeta de crédito y tengo todas las facturas guardadas para acreditarlo", dice el regidor socialista, quien amenaza con querellarse contra todos los que le acusen de malversar dinero público.

"Lo único que hay es un albarán de 40 euros de una recogida de gasóleo que hago todos los años para el generador eléctrico en las fiestas del pueblo, pero nada más", apostilla Javier García Rojo, quien recuerda que él "solo ha declarado como investigado ante la Guardia Civil ni en la Fiscalía ni en el Juzgado".