Esther, desempleada y madre separada con un hijo de 11 años, cobra 225 euros; Begoña, casada y con dos hijos a su cargo, percibe 235 euros; y Ángeles, madre soltera con dos niños pequeños y un empleo de tres horas, no tiene ninguna prestación. Son tres casos de castellanas y leonesas que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) por la falta de recursos y la presencia de menores en el hogar aunque la prestación del Estado apenas cubre sus necesidades básicas, lo que les obliga a recibir ayuda de Cáritas.
Con 225 euros al mes, Esther Delgado sobrevive en Medina de Rioseco junto a su hijo, después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones le haya dicho que es el dinero que le corresponde en concepto de Ingreso Mínimo Vital. Es la prestación aprobada hace poco más de un año por el Gobierno de España que se vendió como un hito en la lucha contra la pobreza el país, al establecer un suelo mínimo de ingresos homogéneo en todo el Estado. No en vano, venía a cubrir las necesidades de las personas en riesgo de pobreza extrema, sobre todo en hogares con presencia de menores.
Pese ser madre separada y tener un hijo de 11 años, Esther recibe poco más de 200 euros ya que la administración tiene en cuenta que la solicitud del IMV se presentó cuando ella vivía con su padre en Villalón de Campos, ante la falta de recursos económicos, y ser beneficiario de una pensión de jubilación. Ahora, está a la espera de una nueva respuesta de la Seguridad Social tras haber solicitado una rectificación al tener su propia unidad familiar y al haber aportado el contrato de alquiler de la vivienda, por el que paga 300 euros.
Esther, en Medina de Rioseco. - Foto: M. Chacón (Ical)Lamenta la burocracia administrativa y la demora en la resolución de las peticiones. “Se tarda mucho en dar una respuesta y las situaciones cambian al igual que las unidades de convivencia, por que yo he pasado de vivir en casa con mi padre tras quedarme sin ingresos a tener un piso en alquiler para mí y mi hijo, lo que te obliga a volver a presentar documentos. Al final, se retrasa muchos meses y hay situaciones que no pueden esperan tanto tiempo”, subraya con resignación. En su caso, entregó la solicitud del IMV en julio del año pasado y no empezó a cobrarlo hasta abril, aunque le abonaron los atrasos. Si el INSS decide no modificar su prestación, solicitará a la Junta, a través del CEAS, la renta garantizada de ciudadanía, que ya cobró hace unos años con una cuantía de más de 500 euros.
“Mientras llega esa resolución, necesito bastante ayuda de mi padre de 85 años. Muchas familias monoparentales como yo que no reciben la pensión alimenticia que les corresponde se ven obligados a apoyarse en las pensiones de los abuelos”, comenta con resignación a la agencia Ical. Además, esta ayuda se completa con la entrega de alimentos (no perecederos y frescos) y productos de higiene por parte de Cáritas.
Asimismo, está a la espera de lograr un empleo en Valladolid en el sector de la hostelería, después de contar con experiencia de camarera y cocina en bares y haber aplazado su incorporación en mayo para permitir que su hijo acabara el colegio en Medina del Campo. La trabajadora social de Cáritas en Medina de Rioseco, Cristina Blanco, quien sigue el caso de Esther desde hace más de una década, calcula que esta mujer, con un hijo a cargo y el pago de un alquiler de 300 euros, debería cobrar, “como poco” entre 600 y 700 euros del Ingreso Mínimo Vital.
Begoña Jiménez es otra de las personas que acude de forma regular a Cáritas en Medina de Rioseco para solicitar ayuda de alimentos ya que los 235 euros del Ingreso Mínimo Vital solo sirven para pagar la hipoteca de la casa. Hace mucha cábalas para sacar adelante a su familia, compuesta por ella, su marido y dos hijos (11 y 19 años). “Lo pasamos mal por que no tenemos ahorros, así que debo algunos recibos de la luz y algo de dinero a una tienda del pueblo que me fía. El resto, lo tengo al día. No pago la electricidad por que antes prefiero comprar comida donde pueda”, asegura.
Pandemia del coronavirus
Su caso se repite mucho a raíz de la pandemia del coronavirus. Su marido y su hijo mayor apenas trabajaron en 2020 pero cobraron la prestación de desempleo. De ahí que el INSS considere que cuando se presentó la solicitud había suficientes ingresos en la unidad familiar pero la realidad es otra. Una vez que su marido dejó de cobrar los 425 euros de la RAI (Renta Activa de Inserción) y su hijo la prestación del paro, se tienen que apañar con poco más de 225 euros desde hace nueve meses
La trabajadora social de Cáritas asegura que “lo lógico” para una familia con tres adultos y un menor es que cobrara algo menos de 900 euros. De ahí que apunte que habrá que estudiar si puede compatibilizar el IMV con la renta garantizada, que Begoña cobró un tiempo, aunque se extinguió cuando su hijo comenzó a trabajar. Ahora, está a la espera de que le vuelvan a llamar de la fábrica de componentes de automoción SMRC Automotive (antigua Reydel).
A sus 27 años, Ángeles ve con impotencia cómo el Ministerio ha rechazado por dos veces su petición del Ingreso Mínimo Vital. En una ocasión, por no haber incluido a sus dos hijos (de cinco y dos años) en la solicitud presentada por internet y la otra, por estar empadronada en el domicilio de su padre ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Ahora, vive en Viana de Cega (Valladolid) con su hermano -que cobra 50 euros del IMV- y sus dos sobrinos en un pequeño piso, aunque espera que sea una situación provisional. “La verdad es que entre mi padre y mi hermano nos ayudamos en lo que podemos”, añade.
De momento, ve con cierto optimismo el horizonte de futuro por que en abril firmó un contrato de tres horas al día (15 horas a la semana) para el cuidado de una persona mayor, gracias a la mediación de Cáritas. En la actualidad, tampoco puede aspirar a una jornada completa por que debe compaginar el empleo con sus obligaciones familiares.
Unidad de convivencia
Pese a haber demandado la revisión de su expediente, la respuesta de la administración a su caso es que no puede ser beneficiaria del Ingreso Mínimo por no haber constituido una unidad de convivencia durante un año. “Si no tengo ayudas no puedo pagar el alquiler y mi padre, quien me ayudaba antes para poder vivir independizada, está sin trabajo después de ser despedido”, explica a Ical.
La situación actual de pandemia tampoco ha ayudado a la resolución de su caso por que la cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social se demora entre dos y tres meses, es complicado que alguien atienda por teléfono y la página web se colapsa con asiduidad. Entretanto, ha solicitado la renta garantizada de ciudadanía, que ofrece la Junta de Castilla y León para los casos de personas que no cumplen con los requisitos del Ingreso Mínimo. “Hace unos meses, me denegaron también esta prestación por que no podía justificar el pago del alquiler donde vivía antes, que me pagaba mi padre”, apunta.
La trabajadora social que le asesora en Cáritas Laguna, Mercedes González, reconoce que el caso de Ángeles es el de una persona con una economía “muy precaria”, con dos menores a su cargo. “Su situación ha mejorado con el empleo a media jornada pero no por las ayudas públicas”, asevera. De ahí que se muestra esperanzada en que, finalmente, sea aceptada su petición de Ingreso Mínimo, para que complemente el pequeño sueldo que percibe por su trabajo y le permita independizarse.
Y es que esta posibilidad es una de las grandes ventajas del IMV, ya que permite compatibilizar el cobro de la prestación con el tema laboral. De esta manera, se incentiva a que las personas encuentren un empleo aunque requiera de un complemento de la ayuda pública.
Solicitudes denegadas
Fuentes de la organización vinculada a la Iglesia Católica aseguran a Ical que el Estado recibió muchas solicitudes para poder cobrar el Ingreso Mínimo Vital, que se puso en marcha en junio de 2020, a raíz de la pandemia del COVID. No en vano, muchas familias se quedaron sin empleo, lo que derivó en una situación de precariedad y vulnerabilidad. “Ha habido muchas solicitudes denegadas por que el Ministerio tenía en cuenta los ingresos de las unidades familiares del año anterior, 2019, cuando aún trabajaban”, señalan. En este sentido, la ONG prevé que, a partir de ahora, las prestaciones que se vuelvan a pedir ahora serán aprobadas al tomar como referencia el ejercicio de 2020.
De ahí que los técnicos de Cáritas demanden a la administración central que el Ingreso Mínimo Vital sea “más ágil” para que los solicitantes que atraviesan por problemas no tarden varios meses en dar una respuesta. “Hay mucha gente que no puede esperar tanto tiempo por que su situación es insostenible”, sentencian.
En todo caso, Ángeles confiesa que su deseo es vivir por sus propios medios, sin necesidad de recibir ayudas públicas o alimentos por parte de Cáritas. “No es plato de gusto venir aquí a que me den comida todos los meses. Soy joven y quiero trabajar para no tener que depender de las ayudas”, precisa. De ahí que ahora, tras haber cursado solo la ESO, se esté formando con un curso de atención socio sanitaria ‘online’ para obtener el certificado de profesionalidad que le permita trabajar en el cuidado de personas dependientes, ya sea en residencias de mayores o en el servicio de ayuda a domicilio. “Estudio por las noches, cuando los niños están dormidos, y hay días que me quedo repasando hasta las cuatro de la mañana”, precisa.