La creciente movilización de los vecinos del centro en su lucha por la conciliación de su descanso y el ocio nocturno empieza a dar sus primeros frutos en Valladolid. A la espera de que se pueda atender esa demanda de la declaración de áreas ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) y de que la Junta ponga fin a las dobles licencias hosteleras que nacieron en la pandemia, los vecinos han convertido en realidad una de sus reivindicaciones, la que exigía un aumento de la presencia policial en las zonas de copas como primer paso para la contención de lo que ellos mismos definen como un «grave problema», que deriva en un «deterioro de la convivencia» creciente cada fin de semana.

El objetivo es triple, puesto que al habitual problema del ruido –y que fue la base de la movilización vecinal de este colectivo– se ha ido sumando tras la pandemia tanto la inseguridad, como la suciedad. Y creen que para ello es clave que se produzca ese incremento de las patrullas que puedan disuadir a los jóvenes de generar altercados y de dejar suciedad tras los botellones, así como evitar que los hosteleros se salten los límites tanto de ruido como horarios, aunque los vecinos admiten que saben que eso son las «excepciones».

En lo que a denuncias por estos dos conceptos se refiere, los datos evidencian que la situación no ha cambiado mucho entre 2019 y lo que va de 2022. Así, en el año previo a la eclosión de la pandemia, los policías municipales ponían una media de seis denuncias al mes por incumplir la hora de cierre (69 en total) y tres (37) por generar ruido teniendo las puertas abiertas. Pues bien, en este año se han levantado cuatro mensuales (de media) por la hora de cierre y tres por la puerta abierta (12 y 9, respectivamente, en el primer trimestre).

Intervención policial en la zona de San Miguel. - Foto: Vecinos Zona CentroPero más allá de este trabajo que se viene haciendo con el control de la hostelería, «el problema está en la calle» a juicio de los vecinos, que han conseguido que, desde hace un par de semanas, la Concejalía de  Seguridad Ciudadana diera la orden a la Policía Local de llevar a cabo un refuerzo en Poniente, San Miguel, Coca... En todo el casco histórico, en su versión de fin de semana nocturno, puesto que es cuando se concentran quejas y problemas, altercados a la puerta de bares, desmanes con las horas de las terrazas, restos de botellones y ese ruido que «atenta» contra lo que los propios vecinos definen como su «derecho fundamental al descanso». El Ayuntamiento es una de las administraciones que se muestra más sensible al problema y «se ha establecido ya una mayor presencia de agentes a pie en las zonas afectadas» para intentar que la convivencia mejore, tal y como explicaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, que defiende que «es fundamental que se respete el derecho que tienen todos los ciudadanos; todo es compatible».

Seis agentes

El refuerzo, tal y como ha podido confirmar El Día de Valladolid, es un equipo de seis agentes que se añade al dispositivo habitual de los fines de semana. Son policías a los que se pide que vayan de uniforme y, quizá lo más llamativo, que patrullen a pie por las zonas de copas.

Los vecinos, que llevan desde 2019 alzando la voz y que ahora se van a constituir en asociación con el fin de defender sus derechos «a todos los niveles», hablan claro y creen que «el derecho al descanso de los vecinos se está quebrando en el centro» y, para evitarlo, van a «seguir luchando y cada vez con más apoyo vecinal». En esta línea, fuentes de la futura asociación Zona Centro de Valladolid por la Conciliación del Ocio Nocturno destacan la «buena comunicación y colaboración» que mantienen con el Ayuntamiento de la capital, «independientemente de que no siempre se coincida en ciertos enfoques sobre las soluciones a este grave problema».

Uno en el que sí coinciden es en el de ese refuerzo policial, que se ve entre los vecinos como un muro de contención, una actuación de urgencia que ayude a controlar la situación a la espera de que vayan llegando otras medidas, como las educativas a través de campañas de concienciación ya puestas en marcha (por los hosteleros, la UVa y el propio Ayuntamiento) y otras de tipo legal, como esas áreas ZAS que derivarían en la limitación de apertura de nuevos locales, entre otras cosas.

Suciedad tras un botellón en la zona de San Miguel. - Foto: Vecinos Zona CentroEn esta misma línea, los vecinos reclamaron a finales de 2021 al Ayuntamiento la instalación de más sonómetros que son realidad desde febrero, aunque creen que hace falta «muchos más» equipos de medición para poder abarcar más calles, para que sea la realidad de los datos sea la que empuje a las administraciones a la declaración de área ZAS. La legislación regional define como Zona Acústicamente Saturada «aquella en que existen numerosos establecimientos de ocio, y en la que los niveles sonoros ambientales producidos por la adición de las múltiples actividades existentes y por las personas que las utilizan sobrepasen en más de 10 decibelios los valores límite marcados».

Áreas ZAS 

Las consecuencias previstas en la normativa en caso de obtener la declaración de área ZAS van desde «no otorgar nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas» a «no permitir la modificación o ampliación de actividades, salvo que lleven aparejadas la disminución de los valores de inmisión», pasando por «limitar el horario» e «imponer a los establecimientos las medidas correctoras o restrictivas necesarias», según reza la Ley del Ruido.

Una declaración de área ZAS que depende, por tanto, de la Junta, la administración con la que hay más distancia y a la que, mientras llega esa posible petición, ya le exigen que retire las dobles licencias en la hostelería (de la pandemia) para acabar con «terrazas convertidas en 'after' que empalman hasta las once o doce de la mañana».

Porque el objetivo es acotar las opciones de que los usuarios del ocio nocturno conviertan las calles del centro en una «juerga», más allá de los hosteleros, representados tanto por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid como con el colectivo Más que bares, que «comparten» su «preocupación por la situación actual».