El Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid  modificaron hace varias semanas sus reglamentos orgánicos. Los debates se centraron, al menos en las sesiones plenarias, en las mejoras de sueldos y de las dotaciones de los grupos políticos, pero en la norma básica que regula el funcionamiento de ambas instituciones también se fijan las medidas a seguir para «mejorar» la transparencia. 

Y una de ellas es la obligación de los cargos electos de presentar y hacer públicas sus declaraciones de incompatibilidades, actividades y bienes patrimoniales. Así se fija en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y se desarrolla  en los reglamentos de ambas instituciones. Esta es una obligación que deben afrontar los políticos antes de tomar posesión del cargo para su posterior publicación en las páginas web de estas administraciones públicas. 

Un proceso que este año se demoró, inicialmente hasta principios de agosto, pero que todavía se estaba completando esta misma semana, al menos en el caso de la Diputación, donde estaba pendiente la del propio presidente, aunque todavía falta de publicar la de la diputada socialista Dolores Mayo, que tomó posesión el pasado Pleno en sustitución de Teresa López.

Transparencia a la cartaflexibilidad. Cada administración pública puede aprobar su modelo de declaración o utilizar el que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Esta flexibilidad hace que se produzcan situaciones particulares, como que las declaraciones de  algún político que compatibilice un puesto en la Diputación y un escaño en el Ayuntamiento sean más completa en un caso que en otro, algo que ya pasaba también el anterior mandato. En este nuevo periodo ocurre con Gema Olmos, edil de Ciudadanos y vicepresidenta segunda de la Diputación, que además asumirá en breve la gestión del área de transparencia en la institución. Este periódico trató de obtener su versión, y su punto de vista sobre la posibilidad de «unificar» los criterios con los que se complementan sus declaraciones, para que no haya estas diferencias. Una idea que los portavoces del resto de los grupos se abren a considerar porque apoyan «todo lo que mejore la transparencia».

Las declaraciones de bienes patrimoniales y actividades de los 27 diputados provinciales tienen carácter público y se pueden consultar por cualquier ciudadano sin requisitos previos en la Secretaria de la institución, mientras en la web las fuentes consultadas por El Día de Valladolid aseguran que se publica «un resumen» de las mismas. Aunque el reglamento provincial apunta que la limitación para publicar los datos se fija en la protección de datos de carácter personal.

En este sentido, diputados como el ‘popular David Esteban, la representante de Toma la Palabra Virginia Hernández o el socialista Pedro Pablo Santamaría apuntan que las suyas reflejan pocos datos porque   reflejan su situación real. «Rellené el formulario tal como se pide. No tengo casa en propiedad y mi coche tiene un valor inferior a los 12.000 euros, que es el valor por el encima del cual debía declararlo», apunta el portavoz socialista, Pedro Pablo Santamaría.  

El socialista se muestra favorable a unificar criterios porque entiende que otros compañeros han podido aportar más datos de los que se solicitan enl os cuestionarios. Y ese extremo de detalle lo alcanzan diputados como el vicepresidente Víctor Alonso o el ‘popular’ Alfonso Romo, que es de los pocos que detalla el saldo medio en su cuenta corriente. Un detalle que sí que se exige, según el artículo 25 del reglamento orgánico de la institución provincial: «Se hará constar los depósitos en las cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras u otros tipos de imposiciones a cuenta, indicando el saldo medio anual»

Las declaraciones de actividades son más uniformes. En este caso, el nivel de detalle es importante porque implica las posibilidades incompatibilidades en las que puedan incurrir los diputados, como se pudo comprobar el pasado mandato con polémica porque la portavoz socialista compatibilizó su cargo con el ejercicio como letrada. Además, en el caso de la Diputación las declaraciones de bienes y actividades  se publican anualmente en el Boletín Oficial de la Provincia, pero también están disponibles las de los diputados del pasado mandato.

concejales. En el caso del Ayuntamiento se acaban de completar las declaraciones con la publación de la del portavoz de Vox, Javier García, y la concejala ‘popular’ Irene Núñez. Los datos que se publican de los 27 concejales son más detallados que los de la Diputación, tal como se fija en el reglamento orgánico municipal. En este caso se exige que incorporen la totalidad de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio personal, con indicación de sus datos de inscripción registral, fecha de adquisición o valor catastral;los bienes muebles de carácter histórico o artístico y aquellos otros de considerable valor económico, debidamente identificados y los valores mobiliarios, incluidos los fondos de inversión y depósitos, y las participaciones en sociedades de todo tipo, con la debida identificación y expresión de su valor nominal.  

En el reglamento recién modificado también se especifica que las declaraciones anuales y las de finalización del mandato se publicarán en la web municipal en los términos previstos en la legislación de transparencia, y solo concreta que se pueden omitir los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles.

En ninguna de las dos instituciones existe normativa sancionadora para los políticos que omitan o oculten datos.