Los trabajos en beneficio de la comunidad son una de las opciones que ofrece el Código Penal a los jueces para evitar el ingreso en prisión de los condenados a menos de dos años de cárcel y que no cuentan con antecedentes penales. Una alternativa reeducativa que en Valladolid han aprovechado casi 300 personas desde 2013, aunque el primer convenio del Ayuntamiento y el Ministerio del Interior data de 1999.

El acuerdo fija que el Consistorio pone a disposición de Instituciones Penitenciarias un número concreto de plazas, que suele rondar las 15 anuales, con un número de jornadas que varía de 15 a 200, aunque la media es de 75. «El objeto del convenio, que se acaba de renovar, es conseguir el efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública», detalla el concejal de Seguridad y Limpieza, Alberto Palomino.

En el caso de la capital, estos trabajos se realizan en el servicio municipal de Limpieza, donde se les integra con el resto de compañeros y se les forma para el desarrollo de estas actividades. «La experiencia que tengo en el tiempo que llevo es muy buena. Hay que saber tratarlos y acogerles. Así se consigue que se impliquen y trabajen bien», detalla Antonio Álvarez, como capataz del servicio de la zona de Rondilla. «Ha habido personas que han cumplido aquí su pena y luego han vuelto otros seis meses con los contratos del Ecyl e incluso uno opositó para entrar fijo», relata el subdirector del servicio de Limpieza, Ambrosio Manzano.

El año pasado fueron 24 las personas con alguna pena menor que  permutaron su condena limpiando las calles de la capital. La mayoría son hombres de entre 35 y 50 años. «Les intentamos acercar a su zona para no generarles problemas de desplazamiento y también se ha rebajado la jornada de 8 a 4 horas para no interferir en su jornada laboral, en la búsqueda de empleo o en los programas formativos», detalla Manzana.

gestión. El Centro de Inserción Social (CIS) de Valladolid es el que se encarga de gestionar el cumplimiento de las penas y hace el programa de trabajo, que luego aplica el servicio de Limpieza. «Es un reto organizativo, pero es una colaboración necesaria». Algo que tiene muy claro el capataz, que es el encargado de recibirlos y explicarles que con su trabajo dan una imagen corporativa del servicio. «Los problemas han sido muy excepcionales porque son ellos los que eligen venir aquí. Además, se preserva su identidad y su delito», detallan.

Una idea que ha calado entre los trabajadores del servicio, que tienen claro que hay que facilitar un «cumplimiento diferente» a la privación de libertad y que con este trabajo se consigue que le devuelvan a la sociedad parte del daño que han podido hacer. «Esta prestación es voluntaria, si por ejemplo les sale un contrato de trabajo incompatible con estos, pues se les suspende el servicio y se buscan medidas alternativas», concluyen.

Qué delitos se condenan con trabajos comunitarios?

El Ministerio del Interior indica que las infracciones que se sancionan con esta medida suelen ser «muy leves», por lo que el perfil del infractor es el de «una persona normalizada e integrada en la sociedad». Dos tercios de las condenas a trabajos comunitarios las acaparan los delitos de tráfico y de seguridad vial provocados por conductores que sobrepasan los límites permitidos de alcohol o que conducen sin carnet. El artículo 39 del Código Penal establece que las penas oscilan entre un día y un año, dependiendo de la gravedad del delito, y que las tareas no deberán exceder de las ocho horas diarias para poder compaginar la vida familiar y laboral. Entre los servicios comunitarios más habituales están las tareas de mantenimiento y limpieza, reparto de alimentos y ropa, apoyo a enfermos terminales o a discapacitados, colaboración con eventos culturales o deportivos, etc...