El director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento se muestra satisfecho porque en el último lustro el servicio gana siete de cada diez procesos a los que se enfrentan.

En el balance de gestión de 2021 destaca el aumento de asuntos. ¿Esto tiene connotaciones negativas?

Negativa no, al revés. Es una práctica normal en las asesorías jurídicas de administraciones públicas. Ha subido muchísimo la litigiosidad. Cuando comencé a trabajar en la Junta, los números eran ridículos, de 30 informes al año frente a los 1.500 actuales. La gente ha perdido el miedo a demandar a las administraciones. Muchos licitadores tienen el mandato de recurrir los procedimientos donde no resulten adjudicatarios. No es un caso exclusivo de esta administración.

A estos suman los informes internos.

Sí. Los informes jurídicos emitidos también han crecido, algo que creo que es positivo para el Ayuntamiento. Esto implica la confianza depositada en el servicio y que nos piden más control de legalidad interna de toda la actuación administrativa. Se ha pasado de 57 informes en 2012 a 354 en 2021, lo que garantiza aplicar la legalidad estricta.

¿Considera positivo el porcentaje de fallos favorables?

Desde que estoy en la Asesoría, el porcentaje de contenciosos administrativos ganados oscila entre el 75 y el 80%.

¿Qué coste tiene esa litigiosidad ?

Suelen estar equilibrado las costas que nos imponen y las que nos pagan. Todo esto a pesar de que se suele condenar a más costas, casi siempre, a las administraciones que a los particulares, que suelen ser los demandantes. Por ejemplo, este año, vamos a ingresar solo del caso Samaniego 325.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 

Ese es uno de los casos que se dilatan en el tiempo. ¿Hay muchos así?

Los expedientes judiciales pueden desarrollarse por procedimiento abreviado, como en el caso de una multa de tráfico, que se puede resolver en dos meses. Por el contrario, hay muchísimos de procedimiento ordinario, que son los de mayor cuantía, que si llevan recurso al TSJ o al Supremo pueden durar entre dos y cuatro años. Este año han entrado nuevos 306 expedientes, pero calculamos que llevamos al año unos 500. Un buen ejemplo es el caso Samaniego que se ha dilatado siete años.

Otros procesos habituales son las reclamaciones patrimoniales, que incluyen las caídas en la calle.

Nosotros tramitamos estos expedientes, que también tienen un control por parte del Consejo Consultivo. El año pasado se enviaron 20 dictámenes, que eran los de cuantía superior a 3.000 euros, y nos confirmaron 19. Con independencia de la cuantía, muchísimos van vía judicial, y de 25 nos han dado la razón en 24. Eso quiere decir que se está haciendo bien.

¿De qué sentencia o informe está más satisfecho?

Sobre todo del caso Samaniego, que es un caso penal. Es muy difícil lograr condenas porque es difícil acreditar los hechos y también es triste porque uno no quiere que nadie vaya a prisión. Pero estoy contento por lograr erradicar una práctica corrupta en la administración y que al final el Supremo dictó una sentencia que sentó jurisprudencia sobre un punto concreto, con una interpretación bastante novedosa.