Valladolid se prepara para empezar a aplicar en los próximos meses restricciones para el acceso del tráfico al centro, en consonancia con las políticas medioambientales impuestas desde Europa. Una medida que preocupa, y mucho, al sector del comercio, que durante los últimos años ha sido muy crítico con la política municipal de peatonalización de calles y de desincentivar el uso del vehículo privado en el centro.

El pasado mes de febrero el Ayuntamiento anunció la decisión de ampliar la conocida como Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que es la superficie a la que no pueden acceder ahora los coches cuando se producen episodios graves de contaminación ni a la que podrán acceder en el futuro en función de su nivel de emisiones.

Esta medida ha vuelto a despertar las críticas de las asociaciones de comerciantes. «Reclamamos que antes de adoptar decisiones que afectan al modelo de ciudad o a la accesibilidad, como podría ser el caso de las Zonas de Bajas Emisiones, se tenga en cuenta el impacto sobre el comercio y otros negocios que inevitablemente se van a ver afectados», reclama el presidente de Avadeco, Alejandro García. Según él, «estas decisiones van a influir sobre la economía, el empleo, el tipo de actividades que se van a desarrollar y las que se van a extinguir en estas áreas; en definitiva, sobre el modelo de ciudad a futuro».

Tampoco ahorra crítica el presidente de Fecosva, Jesús Herreras: «Personalmente he sido uno de los más beligerantes con la Zona de Bajas Emisiones y así se lo ha transmitido directamente al alcalde y a María Sánchez (concejala de Medio Ambiente), así como al resto de la corporación». Herreras es consciente de que todas las localidades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implantar esa zona restringida. «Pero lo que ya no está tan claro es el cómo, porque te puedes ir a mínimo o a máximos», señala. Es decir, el representante de Fecosva recuerda que el Ayuntamiento tiene capacidad para definir la superficie de esa zona y cierto margen para establecer los plazos de entrada en vigor. Él es partidario de definir una ZBE «que no sea tan grande» y de retrasar la entrada vigor lo que permita la ley. «Hay muchas razones para pedir esto, y una de ellas es la incertidumbre que hay en el sector del automóvil, que hace que vayas a pedir un coche y tarden seis meses en dártelo; además, la gente no sabe qué tecnología se va a imponer».

El Ayuntamiento prevé empezar a aplicar estas restricciones en el segundo semestre de 2023, en una fecha aún por determinar. En la primera fase se prohibirá el acceso al centro a los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental. En 2025 se hará lo propio con los que tengan etiqueta B (amarilla) y en 2030 solo podrán circular aquellos automóviles con etiqueta 0 o ECO, aunque en todos los casos se plantean excepciones para residentes, empresas de reparto, vehículos de emergencias, transporte público, etcétera. Estudios municipales estiman que esta medida podría llegar a reducir las emisiones hasta en un 78 por ciento en esa zona.