La aprobación de la Ley de Transparencia  en 2014 en España significó para los profesionales de la información una oportunidad inmejorable para hacer mejor periodismo. Esa demanda social, que se repite una y otra vez, y que debemos intentar atender cada vez con más eficacia. Y la nueva herramienta que suponían los portales de transparencia de las distintas administraciones públicas se nos apareció como un océano donde navegar y descubrir nuevos datos sobre los que sustentar informaciones de servicio público. 
Pero de la emoción hemos pasado muy rápido a la decepción porque estas páginas web han dejado de ser una herramienta útil, si es que alguna vez lo fueron, por la poca relevancia del contenido que ofrecen y la poca actualización de los datos. Este escepticismo, al menos personal, no puede ser nunca una excusa para no rebuscar más datos, contrastarlos y publicar las consiguientes informaciones aunque los afectados suelan intentar acogerse a las excepciones recogidas en la ley o reglamentos que las desarrollan. A esto se añade que ante  la ausencia de un régimen sancionador, las administraciones públicas tienden a mantener las mismas actitudes restrictivas que mostraban antes de la aprobación de la ley aunque presuman de tener paredes de cristal.
Y esto viene al caso por la dificultad para obtener las declaraciones de bienes de los políticos provinciales, cuando la ley garantiza el acceso a las mismas sin más justificación que su consulta. Más de cien días después de la constitución de los ayuntamientos se completa la publicación de las mismas, aunque de forma muy desigual, mientras que las de los procuradores regionales, por ejemplo, siguen sin publicarse. Y cualquier intento de ampliar la información se considera casi como una intromisión en la intimidad de los cargos públicos. Eso por no hablar de los sueldos de los alcaldes y los concejales de los pueblos de la provincia. De hecho, el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública no ha conseguido recopilar los datos de las retribuciones de los cargos públicos en 31 ayuntamientos, entre los que están Medina del Campo, Peñafiel o Cabezón. 
Una sociedad bien informada es más libre para tomar mejores decisiones que una desinformada o limitada a una única fuente. Yla Ley de Transparencia debería ser una garantía eficaz y efectiva, que si no se cumple conlleva las sanciones oportunas. Es lo mínimo.