Como era previsible lo más importante de la reunión de la delegación del Gobierno con la enviada por la Generalitat era la reunión en sí misma, comenzar la senda del diálogo para un reencuentro que permita la solución del conflicto político. Que este proceso de diálogo va a ser largo viene determinado tanto por el calendario establecido de reuniones mensuales como por el establecimiento de la forma de diálogo a través de reuniones de equipos de ambas partes y ya se sabe que si se quiere que las soluciones se dilaten en el tiempo hay que encargárselas a una comisión.

Pedro Sánchez y Quim Torra se reunieron para acordar seguir reuniéndose, lo que implica que la mesa de diálogo estaría blindada y resulta un punto a favor de ERC que mira de soslayo a los representantes enviados por Carles Puigdemont y al propio presidente catalán del que se puede esperar cualquier reacción. Las dos partes dan por hecho que no habrá avances hasta que tengan lugar las elecciones catalanas y se abra una nueva etapa en el Principado y queden clarificadas las relaciones entre los grupos independentistas.

Las críticas que desde la oposición de derecha se ha realizado a la reunión no han podido pasar de las formas porque no se ha producido ninguna cesión, ni se ha convertido en una “mesa de despiece” de la unidad de España, aunque sembrar la sospecha siempre es un recurso que facilita su labor. Su inquietud es, en sentido contrario, similar a la que manifestó Quim Torra que sigue sin saber cuál es la respuesta del Gobierno a sus tres principales demandas, referéndum de autodeterminación, amnistía para los políticos presos condenados por el ‘procés’ y el fin de la judicialización de la política catalana.

Y no lo sabe porque no ha habido ningún avance en esas tres direcciones. El Gobierno trabaja en la búsqueda de ‘soluciones imaginativas’. Pero la imaginación tiene el límite de la ‘seguridad jurídica’. Y el vértice de la seguridad jurídica es la Constitución. Los eufemismos no ocultan la realidad de los hechos. Por el contrario, la delegación catalana también tendrá que comenzar a apearse de sus posiciones maximalistas. Pero tampoco han comenzado a hacerlo.  “Una performance”, ha calificado el expresidente del Gobierno, Felipe González, la posición del independentismo catalán.  

Las consecuencias de la reunión ya han comenzado a verse en una doble dirección, la del cumplimiento del compromiso por parte de ERC al abstenerse en la votación del techo de gasto y la senda de déficit, primer paso para la aprobación del los PGE: mesa de diálogo a cambio de la investidura y avanzar en la posibilidad de gobernar. Por el contrario, JxCAT decidió votar en contra para no facilitarle la vida al Gobierno al tiempo que mantiene la distancia y la presión con la organización de Oriol Junqueras, con la vista puesta en las elecciones catalanas, por orden directa del fugado Carles Puigdemont, a pesar de que su representación salió también satisfecha de la reunión en La Moncloa.  Tanto Torra como los portavoces de JxCAT han tratado de desvincular la mesa de diálogo con la aprobación de los PGE. Son dos asuntos que están imbricados. ERC ya ha comenzado a reconocerlo