Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte continúan en Perú. Pero la presidenta, lejos de ceder a las exigencias de los manifestantes de que deje su cargo, hizo ayer un llamamiento al Congreso del país para que acelere el adelanto electoral, asegurando que no tiene intención de quedarse en el puesto que ocupa actualmente «más allá» de la celebración de nuevos comicios.

«Ahora llamo al Congreso para que priorice el adelanto de elecciones. Yo me iré cuando los congresistas voten y hayamos convocado elecciones generales», aseveró la mandataria. Así, remarcó que «nadie» en su Ejecutivo pretende mantenerse en el poder, si bien cuestionó que la crisis a la que se enfrenta la nación andina no se revolvería con su dimisión. «¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia? ¿Quién asumiría la Presidencia de la República?», señaló Boluarte, quien insistió en que debe continuar en el cargo para acabar con esa situación.

Asimismo, sostuvo que es presidenta por «el golpe de Estado de Castillo», asegurando que asumió la Presidencia tras el anuncio de Pedro Castillo de la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción. «Aquí no hay víctima, señor Castillo, aquí hay un país que se está desangrando producto de su irresponsabilidad», remachó.

Con todo, la mandataria peruana cifró en más de 5.000 millones de soles (1.188 millones de euros) las pérdidas registradas desde diciembre en daños a la infraestructura del país y en la pérdida de producción. Por ello, invocó a una tregua nacional «por el bien del país», reiterando su rechazo a la violencia.

«El Gobierno reconoce el derecho a la protesta. Yo también he sido parte de las protestas y he marchado por justas reivindicaciones, pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañado de la violencia, el destrozo y la muerte», expresó.

Eso sí, también denunció que el grupo indígena Ponchos Rojos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países. Por eso, pidió a la Fiscalía peruana que investigue «de forma rápida y objetiva» la implicación de esa milicia, pues, aparentemente, estas habrían sido las armas utilizadas en los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado 9 de enero en Juliaca y Puno, que se saldaron con la muerte de 18 personas.

Esto se produce después de que el Gobierno peruano remitiera el lunes una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.

De hecho, ayer miles de personas volvieron a salir a las calles de Lima en una «gran marcha nacional», según los convocantes, que derivaron nuevamente en enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional, que se saldaron con más de una decena de heridos.

El Ejecutivo de Boluarte aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles «excesos» de las Fuerzas del Orden en la respuesta a las actuales protestas, aunque afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron «violencia indiscriminada». «Si algún exceso ha habido se va a investigar», aseguró en su intervención en el Consejo el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante, las autoridades han intentado «responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza».