El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta en torno al proyecto de 'Meseta Ski', impulsado por la Diputación Provincial en Villavieja del Cerro para instalar una pista de esquí seco.

El auto no aprecia la existencia de dos de los tres delitos denunciados ante la Fiscalía, el de malversación de caudales públicos y el de falsedad, aunque sí el de prevaricación continuada, aunque decreta igualmente el archivo del asunto al entender que ha prescrito, si bien carga con dureza contra los impulsores, con el que fuera vicepresidente de la Diputación a la cabeza, Alfonso Centeno: "Los hechos tienen la indiciaria apariencia de un delito continuado de prevaricación por la manifiesta arbitrariedad a la hora de adjudicar, contratar y ejecutar el proyecto a través de la constructora Corsán-Corviam por parte de los responsables de la sociedad Sodeva; en particular, de su presidente, Alfonso Centeno, que, para ello, contó con la colaboración o cooperación necesaria y útil de su gerente, Luis Alberto S.V.H., así como de los funcionarios o técnicos Luis T.M. y Valentín G.R", dice textualmente. 

Sin embargo, el juez explica que debe archivar la causa porque ya han transcurrido más de cinco años y este delito, el de prevaricación continuada, ya ha prescrito, según se detalla en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

En el auto de 22 páginas se recuerda que la obra comenzó con un presupuesto de cuatro millones de euros y terminó costando más de doce, sin haberse acabado en ningún momento, pese a lo cual no se entiende que haya malversación, aunque aquí el juez instructor tampoco deja bien parado a Centeno: "Ciertamente la gestión que el consejo de administración de Sodeva, presidida por el señor Centeno Trigos, hizo del dinero público en lo que se refiere a 'Meseta Ski' partió de un estudio de viabilidad poco reflexivo, una adjudicación presuntamente ilegal y supuso a la postre un derroche de fondos públicos", pero el magistrado reconoce que no hay indicios para sostener que el dinero no fuera empleado únicamente para las partidas vinculadas al proyecto.

En lo relativo al delito de falsedad en documento público, Instrucción 4 entiende que no hay causa ya que no existía voluntad alguna de cometerlo.

La denuncia fue interpuesta por los grupos provinciales del PSOE, Sí se Puede y Toma la Palabra ante la Fiscalía el 31 de julio de 2018. Se hablaba de los delitos de prevaricación, falsedad y malversación, y el Juzgado de Instrucción 4 archiva, en los dos primeros delitos de forma permanente, y en el tercero de forma provisional, en caso de que aparecieran nuevas pruebas que no se hayan puesto ahora sobre la mesa.