Nadie pone en duda que el sistema de salud es uno de nuestros activos más preciados y la sana envidia, o al menos lo fue, de muchos ciudadanos y gobiernos extranjeros. Pero por distintos motivos, el modelo atraviesa por serias dificultades que empiezan a dar preocupantes señales de resquebrajo en sus pilares más básicos. En concreto, me refiero a la Atención Primaria, primer escalón, tan necesario como insustituible, en el proceso de detención y prevención de enfermedades, la prescripción de tratamientos básicos preliminares y la orientación profesional hacia comportamientos saludables. 
Como casi todo en la vida, las grietas tienden a extenderse si no se aplican a tiempo medidas correctivas y, así, nos encontramos que la herida abierta también afecta la Atención Especializada y Hospitalaria. Por ello, no es baladí esa creciente preocupación y la lógica alarma desatada por el deterioro continuado que experimenta la sanidad pública española. A los recortes forzados por la crisis económica, agravados por la pandemia de la covid-19, se suman de nuevo las viejas controversias de tinte político entre comunidades autónomas y Gobierno central, más elocuentes, si cabe, en los casos donde el color político es diferente en ambos niveles administrativos. ¿Tan difícil es aparcar el estéril debate político en una cuestión de Estado como es la sanidad?
Asistimos a un atónito enfrentamiento que lo único que hace es dañar gravemente un sistema que sustenta uno de los mayores logros del Estado de bienestar que ha traído consigo la democracia española. Las desavenencias en un asunto transversal y de tal calado como el que nos ocupa no son sino la muestra palpable de esa falta de altura de miras de quienes nos representan, porque lo que está en juego, ¡oiga!, es la propia vida de las personas, no otra cosa.
La sanidad pública requiere, sin duda, del consenso para afrontar los verdaderos problemas estructurales que lo acucian. El déficit de personal sanitario en general es una objetiva hendidura en el modelo, una situación que sigue en caída libre por la falta de incentivos económicos, promocionales y organizativos. A lo que se une el retraso en la actualización de categorías profesionales, como es el caso de la enfermería, colectivo infravalorado tradicionalmente y esencial en el organigrama. Por no hablar de los inauditos agravios comparativos que soportan los profesionales en función del territorio o región en el que desempeñan su trabajo.
Otro gran problema estructural es la obsoleta tecnológica que aún puede apreciarse en determinados espacios, la permanente falta de medios para la investigación y los problemas burocráticos existentes. Son, en resumen, carencias que minan poco a poco este pilar fundamental del Estado de bienestar, lo que convierte cualquier disputa ideológica en algo deleznable.
En estos momentos es urgente dedicar todas las fuerzas a recortar las abultadas listas de espera. Incluso, si fuera preciso, redoblando la colaboración público-privada, sin que esto suponga incompatibilidad alguna con el progresivo incremento de la inversión pública en salud. La verdadera prueba del nueve pasa por evitar el colapso en el que un día fuera el mejor sistema de salud del mundo. Y para ello, los partidos políticos tienen que recobrar esa altura de miras, trabajando conjuntamente y sin dilación en un plan de reformas garantistas, innovadoras y equitativas. Lo demás es hurgar en la herida, sin mayor propósito que su uso partidista en beneficio de unos y no del interés general. La sanidad no debe ser moneda de cambio en un escenario político demasiado crispado y, muchas veces, distanciado de la realidad que sufren sus usuarios.