Castilla y León acudirá a la vía judicial si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no abona los 8,8 millones que debe a la Junta por las medidas preventivas y compensación de daños provocados por el lobo. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, manifestó ayer que la Junta reclamará la «urgente entrega a Castilla y León» de esta cantidad.
La petición se formalizará «previo a la vía judicial» a la que se acudirá si esa entrega no se lleva a cabo «en los próximos días». Así lo señaló en la capital leonesa, donde acudió a la celebración de la festividad de San Marcelo, patrono de la Policía Local.
Suárez-Quiñones lamentó que tanto Castilla y León como Galicia o Cantabria no hayan recibido todavía esas partidas tras numerosos requerimientos. «Lo hacen con aquellas comunidades que no comulgamos con lo que pretenden, con ruedas de molino y estemos de acuerdo en que el lobo está en regresión cuando todo el mundo sabe que está en expansión», dijo en declaraciones recogidas por Ical.
«No nos entrega la cantidad que nos corresponde como sí hace con otras comunidades autónomas. Por tanto, le requerimos 8,8 millones que están en los Presupuestos Generales del Estado y lo reclamaremos judicialmente», recalcó.
Tribunales
Respecto a la gestión del lobo, el consejero reclamó –tras el anuncio de Asturias de extraer algunos ejemplares de este animal– que se dé una seguridad jurídica a las comunidades autónomas. «Lo que no podemos permitir es que esta actuación de la Administración se debata en los tribunales como se ha debatido en Cantabria y se va a debatir en Asturias. Necesitamos que el Gobierno haga sus deberes, dé seguridad jurídica y permita a las administraciones autonómicas que gestionamos la especie hacer las cosas con seguridad jurídica».
«Que no estemos en los tribunales para poder hacer lo que es lógico y que todo el mundo entiende y es que en lugares donde los ataques del lobo a la ganadería son tan importantes podamos acometer actuaciones de control», subrayó antes de exigir al Gobierno que asuma esa responsabilidad y no la derive a los tribunales y que clarifique un problema que él mismo ha provocado. «Ha limitado, prácticamente impedido el control del lobo y exigimos que clarifique un régimen jurídico para que podamos actuar con eficacia y rapidez», pidió.
Por ahora, Castilla y León no prevé autorizar esas extracciones. «Estamos recabando todos los datos, componiendo un expediente que nos permita tener las máximas garantías, incluso ante los tribunales, pero no dejamos de reclamar que eso no es así. Quien tiene la responsabilidad de facilitar eso es quien ha creado el problema, que es el Ministerio», insistió el consejero de Medio Ambiente durante el acto en el que participó en León.