Editorial

El Gobierno debe consensuar medidas con la oposición y los agentes sociales

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Los días se suceden y España continúa con su particular récord ascendente de muertes por el coronavirus. Pese a que semanas atrás se apuntaba a esta fecha como una de las posibles para el inicio de la contención de la curva, los últimos datos, como el de ayer, con 865 fallecimientos y superada la friolera de 100.000 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria, las cifras no son nada optimistas para que la situación remita en un corto plazo. 

El propio Fernando Simón alentaba este miércoles la idea de que en unos días puede acontecer la disminución de casos y muertes, que superan ya las 9.000, pero si España sigue el mismo camino que Italia aún queda mucho trecho por recorrer. Siendo así, las medidas de confinamiento se prolongarán más allá de lo acordado por el Gobierno y el Congreso de los Diputados. Un hecho que debe hacer reflexionar, aún más, al Ejecutivo de cara a afrontar medidas más consensuadas con agentes sociales y partidos políticos.

Es cierto que esta crisis, no solamente sanitaria, sino también social y económica -la OMS la calificó ayer como la peor desde la Segunda Guerra Mundial- requiere de cierta iniciativa improvisada por la emergencia y el desarrollo de los acontecimientos del día a día. Pero en lo que se refiere a la batería de medidas económicas, financieras y ayudas a las pymes y familias, está obligado a consultar a los agentes sociales y empresarios como destinatarios últimos para abordarlas con el mayor consenso posible. Son momentos en los que el tiempo apremia, pero no por ello se deben omitir los procedimientos y los cauces de asesoramiento y participación de los afectados, así como de los partidos políticos, especialmente la principal formación de la oposición. Todos son conocedores de la emergencia y así están respondiendo con lealtad en mayor o menor medida, por lo que resulta incomprensible retorcer los límites de la democracia para ejercer un poder en aras de una situación extrema. Ahora más que nunca, el Gobierno debe liderar la lucha contra la crisis sanitaria y poner en marcha un liderazgo con todos los sectores posibles para llegar a buen puerto.

Quedan semanas aún por delante de confinamiento, con la economía en hibernación, por lo que habría que evitar nuevos errores de comunicación, de traslado de información y de decisiones estratégicas que afectan a todo el territorio. Las comunidades autónomas juegan un papel principal en esta crisis y no es posible asistir a más desavenencias como la última del Ministerio de Trabajo por el uso de los fondos de empleo sin aviso. La colaboración, la cogestión y la solidaridad son baluartes que la Constitución avala y exige.