El botín de la 'macroestafa' de los ataúdes superó los 3,6 millones de euros. Es la conclusión final de la Policía en el último informe que ha elaborado la UDEV para el Juzgado de Instrucción 6 y que pone cifras a las dos décadas de presuntos cambiazos de féretros por parte de Grupo El Salvador y que aún está a la espera de juicio.

El extenso documento, de más de cien páginas, detalla caso a caso todos los engaños que el equipo de investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta atribuyen a los Morchón entre 1995 y 2015. El informe, tal como detallan fuentes jurídicas a El Día de Valladolid, especifica que el 44% de las supuestas estafas se cometieron con particulares, con un montante de 1.624.000 euros; otro 36% se hubiera perpetrado con las propias aseguradoras, con una cantidad total estimada de 1.304.000 euros; y el resto de casos serían estafas a otras funerarias que pagaban a El Salvador por llevar a cabo las incineraciones en sus instalaciones al carecer ellas de hornos crematorios y a los que se habría defraudado 721.000 euros.

CASOS DOCUMENTADOS

El informe se basa únicamente en la valoración de todos aquellos féretros supuestamente sustituidos antes de la incineración, fallecido por fallecido, documentado todo a través de la factura e incluyendo únicamente aquellos casos de los que hay constancia, más allá de que las sospechas apuntarían a una estafa todavía mayor por parte de la conocida empresa vallisoletana. En este sentido, la UDEV detalla que se habrían dado 5.996 cambiazos.

Todos los cambiazos destapados por la UDEV se corresponden a los veinte años objeto de investigación en la denominada Operación Ignis, que se circunscribe a lo ocurrido entre 1995 y 2015. Dos décadas de supuestos engaños a casi seis mil familias de fallecidos que pagaban un féretro nuevo y a los que, según las pesquisas llevadas a cabo por la Policía, extraían del ataúd justo en el momento previo a introducir al finado en el horno crematorio.

La incineración se hacía sobre cajas baratas, en tapas o en simples maderas y los féretros cambiados eran entonces revendidos «hasta en tres y cuatro ocasiones», ya que solo eran quemados cuando «el ataúd ya estaba deteriorado o con manchas».

Una supuesta práctica ilegal que han venido negando los Morchón desde que fueron detenidos, el 31 de enero de 2019. Para entonces, la Policía llevaba ya varios meses de investigación, desde que, en el marco de un registro en casa de un exempleado de la funeraria al que el propio Ignacio Morchón (padre) había denunciado por extorsión, la UDEV descubrió 26 libretas y más de 800 fotos y vídeos reveladores. Era el 'trabajo' de dos décadas de Justo M.G., ese operario que exigía un 'complemento' a su jubilación a cambio de no desvelar la teórica estafa, y que había documentado veinte años de supuestos engaños.