La incertidumbre, la inquietud y el malestar son la tónica general dentro de la comunidad educativa, cuando quedan apenas días para la vuelta al cole más atípica que se recuerda. Un descontento que quedó patente ayer en Madrid, donde miles de profesores tuvieron que aguardar colas kilométricas para someterse a las pruebas serológicas de la COVID-19 ante el inminente inicio del curso en la capital, que comienza de forma escalonada a partir de mañana.
Sin embargo, las aglomeraciones y la ausencia de la distancia de seguridad obligó a suspender parte de los test en el instituto Virgen de la Paloma, el único centro de la capital habilitado para la realización de estos análisis de los cinco seleccionados en toda la región. Fuentes de la Consejería de Educación detallaron que la decisión se produjo para «gestionar la aglomeración y evitar incrementar las esperas», después de las largas colas desde primera hora de la mañana.
Los docentes no dudaron en expresar su descontento por la ausencia de medidas de seguridad, acentuado por la poca antelación con la que fueron informados sobre la convocatoria y la ausencia de más centros habilitados para dar cabida a los alrededor de 100.000 maestros en toda la capital, quienes aún continúan con muchas dudas sobre cómo deberán actuar de cara al regreso de los alumnos.
Pero el caos no solo impera entre el personal docente. El desconocimiento sigue siendo tal que hasta el Ejecutivo parece tener dificultades para lograr un consenso. Y es que, tan solo un día después de que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunciase que solo podrían acogerse a la baja retribuida los padres con hijos positivos en coronavirus, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, avanzó que el Gabinete estaría trabajando para extender la incapacidad temporal de los progenitores incluso en el caso de que el menor deba guardar una cuarentena sin estar infectado.
E incluso también podrán pedirla, puntualizó, «aquellos padres que ven que sus hijos tienen fiebre, aunque no hayan sido diagnosticados» y no los puedan llevar a la escuela por «propia responsabilidad» y no tengan con quién dejarlos. «Entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad para esos supuestos. Es una cuestión de salud pública. No les podemos decir a los padres que no sean responsables», incidió Iglesias en una entrevista a un medio televisivo nacional.
Posteriormente, la ministra de Hacienda matizó que las bajas laborales son fruto de una actuación médica y se remitió a las declaraciones que ya realizó el martes.
Un máximo de 20 alumnos
Mientras, muchas asociaciones siguen sin tener claras las medidas la seguridad en las aulas y están a la espera de ver cómo se desarrollan los próximos días. CCOO defendió ayer un curso escolar presencial con vocación de durar pero con garantías, y para todo ello exigió que se cumpla el ratio de 20 alumnos máximo por clase, la contratación de 70.746 docentes y más 4.500 millones euros de inversión.