El escándalo es mayúsculo y sin precedentes. Que un presidente del Gobierno y su ministra de Defensa hayan sido espiados por un «agente externo» evidencia una brecha de seguridad del Estado inquietante. Que alguien posea las conversaciones, los mensajes y datos que compartía Pedro Sánchez en el mes de mayo del pasado año, unos días antes del indulto a los condenados por el procés y en plena crisis con Marruecos por la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a España para ser tratado en un hospital de Logroño por coronavirus, concretamente los días que las fuerzas de seguridad del país alauita dejaban pasar sin ningún pudor -con su política de brazos caídos- a cerca de 6.000 inmigrantes por la frontera de Ceuta, es un hecho tan grave que exige revisar protocolos y, sobre todo, depurar responsabilidades. El móvil más protegido del país, junto con el del Rey Felipe VI, ha sido pirateado. La vulnerabilidad pone de manifiesto una debilidad imperdonable.

Pero en todo este embrollo, que deja patentes los errores de ciberseguridad y cuyo argumento parece sacado de una película de serie B, son muchas las dudas y pocas las certezas. España ha sido el único país europeo en reconocer que sus dirigentes fueron espiados por el sistema Pegasus -Francia negó la mayor aunque todo apunta a que el móvil de Macron también podría haber sufrido un hackeo- y todo, según se argumenta desde el Ejecutivo, es el resultado de que no tienen nada que ocultar. Ante este ejercicio de transparencia, alguien debería sugerir a nuestros responsables gubernamentales que es de manual que cualquier Estado que haya experimentado un ataque de estas características lo primero que tiene que hacer, en el caso de que se filtre a la opinión pública, es negarlo, cortar de raíz el problema y tomar las decisiones pertinentes para evitar que se pueda repetir en el futuro. Los trapos sucios se lavan siempre en casa.

Resulta extraño, por no decir obsceno, que el Gobierno convoque de manera atropellada una rueda de prensa para informar de los hechos, días después de que sus socios de legislatura denunciaran públicamente haber sido espiados por el Estado con ese mismo sistema, amenazando al Gabinete con poner fin a la legislatura, empujando a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, a modificar la reglas del juego en mitad del partido, con un cambio de mayorías para poder constituir la comisión de secretos que ha posibilitado que todos los grupos, incluso aquellos que no creen en el modelo de Estado y defienden postulados secesionistas, tengan un representante en este órgano que, entre otros aspectos, controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cortina de humo?

El Gobierno y el CNI defendieron que cualquier espionaje llevado a cabo a dirigentes independentistas a través de Pegasus, el software de la empresa israelí NSO Group, había sido legal y tenía el plácet de un juez del Supremo. Aún así, el exlíder de la Generalitat catalana Quim Torra y el que fuera vicepresidente del Parlament Josep Costa presentarán una demanda contra el conjunto del Ejecutivo por vulneración de derechos. La maquinaria legal para esclarecer los hechos ya ha echado a andar. Habrá que ver en qué acaba todo. 

Volviendo al espionaje a Sánchez, a Robles y a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hecho este último del que el Ejecutivo asegura no tener constancia, los dedos señalan a la directora del CNI, Paz Esteban, como la máxima responsable de que se haya producido, pero la institución, que este viernes cumplió dos décadas desde su creación y que ya avisó a los ministros hace 10 meses de cómo detectar si los móviles habían sido infectados por Pegasus, niega la mayor y sostiene que no existían los protocolos pertinentes para poder haberlo evitado. Además, cada vez son más las voces que apuntan al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entonces director del Departamento de Seguridad de Moncloa, como el culpable de que los teléfonos de los dirigentes gubernamentales no fueran seguros. 

El tabloide The Guardian publicaba esta misma semana que Marruecos podría estar detrás del espionaje a más de 200 móviles españoles que habían sido seleccionados ya en el año 2019 como potenciales objetivos de vigilancia por un cliente de la empresa hebrea. El Gobierno ha vuelto a echar balones fuera admitiendo que ese extremo no le consta, pero es evidente que la crisis diplomática con Marruecos por la llegada de Gali a La Rioja enconó las relaciones entre ambos países, con el cierre del paso fronterizo del Estrecho, el descontrol migratorio en Ceuta y Melilla, así como la retirada de la embajadora alauita en Madrid, Karima Benyaich. Sin embargo, las diferencias se han zanjado con el cambio unilateral de postura de Pedro Sánchez con respecto a la posición que defendía España para el futuro del Sáhara Occidental, alineándose con las tesis de Mohamed VI y dando la espalda a los intereses de los habitantes de la que fuera excolonia. ¿Habrá  influido el espionaje? Quizás jamás lo sepamos, pero lo que es evidente es que la seguridad nacional ha quedado en entredicho. El espía iba en el bolsillo.